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Congreso despacha proyecto que tipifica como delito el porte de combustible y gobierno sufre revés

Durante la jornada de este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones el proyecto que sanciona el porte injustificado de combustibles para la comisión de atentados y lo despachó al Presidente Gabriel Boric para su promulgación.

La iniciativa -que estaba en su tercer trámite constitucional luego de ser aprobada por ambas cámaras y que fue enviada por el gobierno vía mensaje de ley- busca modificar el Código Penal para sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en durante reuniones en lugares públicos.

Pese a que el proyecto fue enviado por el propio Ministerio del Interior el 29 de mayo de este año -en el marco de la agenda de seguridad y del fast track legislativo consensuado entre Ejecutivo y Congreso-, la iniciativa tal y como salió del Parlamento no cuenta con el respaldo de La Moneda.

El problema para el gobierno -como la reconoció la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la tramitación del proyecto- son las penas de presidio para el porte de combustibles durante una manifestación.

De hecho, la jefa de gabinete criticó en su momento que esa indicación excedía al espíritu de la norma en el mensaje original, por lo que llamó a rechazar la iniciativa.

En ese sentido, había remarcado que no es posible enviar a la cárcel a alguien que aún no ha cometido un delito y, además, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la planteada por los legisladores en la Cámara.

“(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito”, señaló en esa oportunidad la titular de Interior.

Durante la tramitación el Ejecutivo había advertido que en caso de aprobarse el proyecto tal y como estaba podría revaluar recurrir al TC.

“El Ejecutivo deja planteada la reserva de constitucionalidad respecto de la indicación que se aprobó. Las razones son las mismas por las cuales se declaró inadmisible la indicación del diputado (Andrés) Longton: la norma contiene una definición de la misma conducta y le pone una sanción diferente al resto del proyecto, es decir, es incompatible”, cuestionó la jefa de Interior.

En contraparte, el diputado Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara y militante RN, señaló que “la pena de presidio permite castigar como corresponde una conducta que pueda atentar contra la vida de una persona”.

“Así hicimos ver con una votación contundente en la sala de la Cámara de Diputados porque quienes utilizan la violencia como método de acción política deben ser sancionados como corresponde, porque esto está dejando muchas personas afectadas en el diario vivir, que no pueden vivir tranquilos precisamente por estos violentistas que se toman las calles para atentar contra las personas o contra la tranquilidad de la población”, remarcó el legislador.

Nuevo round entre poderes del Estado

El nuevo revés para el gobierno en el Parlamento se da a solo días de que La Moneda enviara 14 vetos al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades -que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso-, que serán vistos esta tarde por el Senado y se enviará a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Las correcciones que envió La Moneda buscaban eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”.

Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga.

Desde Chile Vamos y el resto de bancadas de derecha anticiparon que rechazarán el veto y las observaciones enviadas por el Ejecutivo, porque -a su juicio- las correcciones incluidas harían casi imposible que el delito de usurpación sea castigado con cárcel, una de los líneas rojas para la oposición.

“Veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso”, señaló el senador de Evópoli, Felipe Kast, presidente de la comisión de Seguridad.

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