Diputadas y diputados de oposición presentaron oficialmente el texto de acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la que responde a infracciones en el pago de las subvenciones, el propiciar las condiciones sanitarias para el retorno a clases y el pago de beneficios al personal docente.
La diputada Camila Rojas (Comunes) afirmó que la medida se toma “debido a que el ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes”.
“Son tres capítulos, el primero referido a infracción a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo con infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación y el tercero referido a la amenaza a la vida, la integridad física y la psíquica”, señaló la parlamentaria.
Fueron 12 los parlamentarios que firmaron la acusación, que posee 110 páginas, con tres capítulos sobre condiciones de los establecimientos, del personal y sobre la integridad de las comunidades educativas.
Según consignó 24 Horas, en el documento se indica que el ministro habría «deliberadamente evitado introducir modificaciones legales para hacer frente a la pandemia, limitándose a la regulación actual y sus atribuciones, estrategia que no sólo ha demostrado ser insuficiente, sino que ha implicado que incurra en manifiestas irregularidades e ilegalidades».
«La suspensión de clases presenciales y la continuidad de la educación por vía remota no vino acompañada de una adecuación de la normativa educacional, la cual está pensada en únicamente en modalidad presencial», agregando que esto ha terminado en que «muchos niños, niñas y adolescentes se encuentren sin un acceso adecuado a la conectividad lo que repercute en los aprendizajes, en grave estado de salud mental, de deserción escolar, entre otras situaciones».
Del mismo modo también se refieren al retorno de clases presenciales, materia en donde se indica que «la inexistencia de medidas idóneas, que desatienden la desigualdad estructural en el sistema educativo, los déficits de recursos, medidas de protección para la comunidad educativa, son indiciarias de estos actos u omisiones antijurídicos».
«Frente a lo ya expuesto, el Ministro ha puesto en riesgo concreto a niñas, niños y adolescentes, infringiendo el artículo 19 Nº 1, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas», señala el documento.
