Una investigación de Bío Bío Chile reveló que más de 130 funcionarios del Congreso Nacional perciben remuneraciones que superan los $8,4 millones brutos mensuales, llegando en algunos casos hasta los $19 millones. Los sueldos más altos corresponden a abogados, profesores y licenciados que desempeñan funciones técnicas o administrativas en el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
Ante esta situación, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, anunció una ofensiva legislativa para limitar los salarios dentro del Poder Legislativo, calificando el escenario como una “distorsión salarial”. Su propuesta busca fijar topes y eliminar asignaciones internas que han generado desigualdades, aunque mantendría los sueldos actuales para quienes ya ocupan esos cargos.
El proyecto, sin embargo, ha generado resistencia entre las asociaciones de funcionarios, que lo consideran una iniciativa “apresurada” y sin sustento técnico. Mientras tanto, el debate se instala en el Congreso y en la opinión pública, reabriendo la discusión sobre los privilegios y la falta de regulación en las remuneraciones del sector legislativo chileno.
