El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos acumula 14.512 deudores inscritos —14.091 son hombres (97,1%) y 421 son mujeres (2,9%)— que en total suman más de 23 mil millones de pesos en deudas, al 19 de enero de 2023, y tras dos meses de funcionamiento.
«Las cifras que vemos a solo dos meses de iniciado el proceso de inscripción de deudores en el Registro dan cuenta de la magnitud del fenómeno», señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
Orellana afirmó que «el llamado es a seguir formalizando los montos de pensión alimenticia de cara al inicio del mecanismo de pago efectivo que comienza en mayo».
Durante la implementación de este registro, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para fiscalizar y sancionar a estos actores, lo que fue aprobado por el Congreso en diciembre recién pasado.
La Ley dispuso que, a partir de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que fiscaliza.
Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes.
Los alimentarios deben solicitar al Tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.
Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito e inmediato, y puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.
Este registro se sumará a la entrada en vigor, en mayo próximo, de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, impulsada el 2022 por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional.
