Tras reuniones con representantes del Poder Judicial donde se abordó la preocupación actual por la operatividad de bandas criminales en el interior de las cárceles, el Gobierno evalúa la posibilidad de implementar nuevas medidas.
En el marco de la agenda de seguridad pública, donde participó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; y de Interior, Manuel Monsalve, quienes se reunieron con representantes de la Corte Suprema, con la finalidad de tratar temas de interés en cuanto a la situación carcelaria.
«Hemos tomado medidas de carácter urgente cada vez que hay informes -por ejemplo, del Poder Judicial- y por eso precisamente esas coordinaciones que estamos teniendo con el Poder Judicial el día de hoy, en donde el presidente del Primer Tribunal de Garantía de Santiago nos señaló que existía una situación muy compleja de posibles extorsiones en el penal Santiago 1, y ahí precisamente tomamos decisiones urgentes y de generar mejores condiciones de segregación al interior del establecimiento penitenciario y, por ende, hacer un conjunto de traslados», detalló el subsecretario Gajardo.
Dentro de las medidas evaluadas está la segregación de la población penal según peligrosidad, como también la posibilidad de «bloquear la conectividad de telefonía celular desde el interior de los recintos penitenciarios», detalló Monsalve.
Para la autoridad, la presencia de bandas al interior de las cárceles no es inusual, pero desde hace unos 4-5 años, se viene produciendo una modificación en el tipo de estructuras criminales que operan en Chile, por lo que ahora son más complejas y peligrosas.
«Usan más armas, más tecnología, extorsionan, amenazan y, por lo tanto, es más posible que tomen el control de un recinto penitenciario», indicó. La autoridad señaló que esta situación tiene diversas consecuencias, desde seguir «cometiendo o coordinando delitos desde las cárceles», como también la afectación al resto de la población penal.
