En agosto de 2021, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), interpuso una demanda en contra del Estado por haber sido víctima de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, cuando era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y solicitó un pago indemnizatorio de $200 millones.
El pasado 31 de mayo, la jueza del 7°Juzgado Civil de Santiago, Carolina Ramírez Reyes, falló parcialmente a favor de Llaitul y condenó al fisco a pagarle $12 millones por daño moral.
La sentencia llega días después de que el Juzgado de Garantía de Temuco declarara admisible una querella en contra de Llaitul por el delito de asociación ilícita, luego de que este convocara a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” por el anuncio del Estado de Excepción intermedio que permite a las Fuerzas Armadas controlar las rutas en la Macrozona Sur.
Detenido y torturado
Según consta en los archivos de la Comisión Valech II y en el fallo judicial, Llaitul fue detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros el 28 de abril de 1988, junto a una veintena de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, en el marco de una movilización estudiantil en contra de la dictadura.
Luego fue llevado a la Comisaría Central de Valparaíso e imputado con cargos relativos a la Ley de Control de Armas e infracción al Código de Justicia Militar. Así, quedó a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso y fue recluido en la Cárcel de Quillota, “donde lo mantuvieron incomunicado durante 10 días en los que fue sometido a torturas y tratos inhumanos y degradantes por agentes de la CNI, mediante la aplicación de corriente eléctrica mientras estaba esposado y con la vista vendada, para finalmente ser dejado en libertad, demostrando con ello el proceder arbitrario de Carabineros, la Fiscalía Naval y la CNI”, se lee en el fallo.
Llaitul fue reconocido como víctima de tortura y prisión política por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, bajo el número 4711. En el juicio, se asegura que fue sometido a maltratos físicos y verbales “mediante golpes de puños y pies, posiciones asfixiantes, esposado de rodillas y sometido a posturas forzadas, con golpes continuos y burlas debido a su condición de Mapuche y miope”. En la cárcel de Quillota, habría estado recluido en los calabozos “aislado en una celda sin luz, sin colchón ni baño, con solo una comida diaria consistente en un té y pan, donde fue interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI en tres ocasiones durante los diez días que permaneció incomunicado debido a su condición de estudiante de servicio social, debido a que en el centro de alumnos de su carrera fueron encontrados armas y explosivos”, según detalla el escrito judicial.
En su argumentación, se reclama que estos hechos le provocaron un perjuicio físico y psíquico que el Estado debe reparar.
El Consejo de Defensa del Estado defendió al fisco y rechazó la demanda de Llaitul. Sin embargo, el 31 de mayo de este año, la jueza titular del 7° Juzgado Civil de Santiago, Carolina Ramírez Reyes, falló parcialmente a favor de Llaitul y condenó al fisco a pagarle $12 millones por daño moral.
