Este martes se dió a conocer la decisión del Juzgado de Garantía de Arauco, reabriendo la investigación del caso Tomás Bravo.
El Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Defensoría Penal, que representa al único imputado en la causa, el tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar Escobar.
El objetivo de la medida es únicamente que el Ministerio Público entregue a la Defensoría, pero también al abogado querellante por la madre de la víctima, Pelayo Vial, los informes con los errores de metodología en los que incurrió el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones al desarrollar los peritajes tendientes a esclarecer la desaparición y la muerte del niño.
La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, había negado los antecedentes, al estimar que no se trata de diligencias contenidas en la carpeta investigativa.
Eso sí, la jueza de Arauco, Perla Roa, desechó el argumento y dijo que por un principio de objetividad y también para permitir a la defensa del acusado en el eventual juicio, las falencias del organismo forense y la PDI deben ser conocidas por la Defensoría.
Por su parte, el abogado de Estefanía Gutiérrez se sumó a la petición de los informes al anunciar que los documentos serán necesarios para la preparación de la demanda civil ya decidida contra el Estado, por la falta de servicio en la administración de justicia para aclarar el caso del hijo de su clienta.
El tribunal dio un plazo de siete días al Ministerio Público para hacer llegar los informes, tras lo cual deberá cerrar nuevamente la indagatoria, estando ya fijada la preparación del juicio oral para el próximo 24 de abril.
