Sin la presencia en la sala de los nueve condenados, el magistrado Jorge Valenzuela leyó la sentencia en contra de todos los actuales y ex concejales de la comuna de Curicó encontrados culpables por el delito de fraude al fisco tras quedarse con viáticos entregados por el municipio para viajes al extranjero, que en total suman cerca de tres y medio millones de pesos
De esta forma en contra de la ex concejal Julieta Maureira se impusieron tres penas por 61 días cada una además de una por 120 días (303 días); contra el ex concejal Luis Trejos dos penas por separadas de 61 días cada una, más otra 2 penas por 108 días cada una (338 días); en contra los ex concejales Luis Rojas y Enrique Soto se impusieron dos penas a cada uno por 61 días que en total suman 122 días para cada persona; para el ex concejal Miguel Ángel Limardo el tribunal dispuso una pena de 120 días; y el ex concejal Nelson Trejos fue sentenciado a 61 días.
En tanto, para los actuales concejales Leoncio Saavedra se impusieron dos penas cada una por 61 días (122 días); Jaime Canales una pena de 120 días y otra por 61 días más (181 días); y al concejal Mario Undurraga se le impuso la misma pena, es decir, una por 120 días y otra por 61 días (181 días).
La totalidad de los condenados fueron objeto además de la prohibición absoluta para ejercer cargo u oficio público durante el tiempo que dure la codena.
Junto a lo anterior se suman multas equivalentes a un 20% de lo defraudado y al pago de un millón de pesos que cada uno de ellos deberá pagar por concepto de costas del juicio.
“Lo que expresó el magistrado en definitiva es la ratificación de nuestra teoría del caso que como bien lo dijo él, se presentó una prueba sólida por parte de la fiscalía. El magistrado acogió la solicitud de defensa en cuanto a dar forma alternativa de cumplimiento que es la remisión condicional, que significa someterse a un control mensual ante Gendarmería. Esa es la forma en que se cumple la pena en libertad. En lo que dice relación con las penas accesorias con la inhabilitación de cargos esa persona que ejerce un cargo público actualmente o que lo quería ejercer, queda inhabilitada durante el tiempo que dure la condena, por lo tanto no puede seguir ejerciendo ese cargo”, afirmó el fiscal Francisco Ávila quien estuvo a cargo de la investigación junto al fiscal Patricio Caroca.
En cuanto a los tiempos procesales, ahora todos las partes intervinientes tienen un plazo de diez días para decidir si recurrir de nulidad ante la sentencia dada a conocer en contra de los nueve condenados, quienes en total suman una pena de 1.442 días de presidio por los delitos cometidos.