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Un profesor y un estudiante son formalizados en Talca por almacenamiento de material pornográfico infantil

Desde hace ya algunos años que el trabajo coordinado entre el FBI de Estados Unidos, la Fiscalía de Chile y la PDI ha permitido llegar hasta sujetos que se dedican a bajar y almacenar imágenes y videos de menores de edad teniendo relaciones sexuales con adultos.

Se trata de fuertes imágenes que navegan por diversos sistemas de internet y que en menos de 24 horas en la Región del Maule permitieron ubicar y detener al profesor Jarol Francisco Pérez Meneses y al estudiante universitario Álvaro Alquinta Loyola, en cuyos equipos computacionales se logró incautar considerable material pornográfico.

La fiscal especialista en delitos sexuales Carmen Manríquez, que trabajó junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI explicó que esta es una larga investigación que data desde el año 2016, donde a través de información aportada por el FBI se logra determinar que en Chile existían aproximadamente 140 domicilios desde los cuales se había bajado material pornográfico correspondiente a fotografías y videos de material con este contenido.

“Esa información fue otorgada a Cibercrimen de Valparaíso los que en coordinación con la Brisexme de Talca realizaron una serie de diligencias y se pudieron determinar los dos domicilios. El día martes se ingresó a un domicilio y el imputado pasó a control de detención. Es el caso del profesor del inglés y hoy pasó a control el imputado presente en esta audiencia. En ambas situaciones las medidas cautelares fueron las correspondientes a la magnitud del ilícito establecido por el Código Penal. Estas penas parten en 541 días a 3 años, por lo tanto no habilitan al Ministerio Público, al no tener pena de crimen, para solicitar la prisión preventiva”, precisó Manríquez.

La fiscal junto con resaltar que se encuentra claramente acreditada la participación de ambas personas en la existencia de este delito y que no existe relación entre ambos imputados, resaltó que el tribunal dispuso para ambos las medidas cautelares que pidió el ente persecutor, esto es firma semanal ante la policía, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a menores de edad.

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