Continúa la preocupación en diversas organizaciones de regantes de la Región del Maule respecto de la tramitación de la reforma al Código de Aguas, y que a la fecha, desde que ingresó al Senado para su segundo trámite constitucional en enero pasado, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, ya suma alrededor de 90 indicaciones en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
Según lo advirtió el presidente del directorio de la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), José Manuel Silva, muchas de esas indicaciones no hacen sino empeorar el proyecto, que ya venía muy mal de la Cámara de Diputados; y eso se traduce en que hoy se puede afirmar decir que el espacio de incertidumbre es mucho mayor que el año pasado”.
“Es por ello que nos interesa seguir realizando actividades de difusión, conversación y análisis de esta reforma con nuestros asociados y el público en general. Más aún porque hemos sido los propios regantes quienes hemos sido tratados con mucho desdén por quienes han patrocinado este proyecto, puesto que prácticamente no hemos tenido ningún espacio para aportar nuestros puntos de vista, la visión de quienes hemos estado a cargo de la regulación de los derechos de agua para el riego desde la época de la Colonia. Con toda esta experiencia acumulada, algo tendremos que opinar”, sostuvo Silva.
Del mismo modo, el dirigente aclaró que siguen sin entender la lógica de la propuesta del Ejecutivo de proponer una modificación a los derechos tal como se contemplan en nuestra actual legislación y convertirlos en derechos temporales a 30 años.
“Con esta norma, no se agrega ni una gota de agua. Sólo se redistribuye, a través de una expropiación encubierta, y persiste el problema de la escasez hídrica, cuya solución pasa por iniciativas como la construcción de embalses y la infiltración de napas subterráneas, algo que ha estado totalmente ausente de la discusión propiciada por el Gobierno y lo que nos hace seguir advirtiendo que la reforma está basada en fundamentos ideológicos y no técnicos”, enfatizó.
Por su parte, Carlos Diez, miembro del directorio de la JVRM, agregó que existen varios puntos que preocupan a los regantes y agricultores. Uno de ellos es la retroactividad contenida en la redacción del artículo primero transitorio sobre la afectación de derechos ya adquiridos.
“Mientras no se arregle la ambigüedad contenida en este artículo y se deje claramente establecido que los derechos existentes no se van a tocar, nosotros no vamos a estar tranquilos”, afirmó.
Asimismo, insistió en que de aprobarse esta reforma tal como está, la inversión en el mundo agrícola se verá profundamente afectada puesto que es el derecho sobre el uso del agua, tal como se concibe hoy, lo que permite dar las garantías requeridas al sistema bancario para la aprobación de préstamos.
“El otorgamiento de derechos temporales con un máximo de 30 años, caducables en cualquier momento por la autoridad de turno, se traducirá en que nadie se atreverá a invertir en proyectos que requieren de años para su desarrollo, ni los regantes ni los bancos”.
“Por lo anterior es muy importante, en un año de elecciones, que los regantes emplacen a sus parlamentarios y les pregunten cómo votarán frente a esta reforma que, tal como está concebida, significa la muerte de la agricultura, a todo nivel, en especial de la pequeña. Es tiempo de que respondan a la realidad de la gente que representan y no a las instrucciones de las cúpulas de partidos políticos que sólo buscan instalar una expropiación encubierta de las aguas, dando una errada idea de que ello permitirá solucionar el problema de la escasez hídrica, en circunstancias que, inclusive si se mantiene lo del caudal ecológico, habrá menos agua”, concluyó Diez.
