La Ley Corta de Isapres, recientemente implementada para regular la devolución de pagos indebidos a los afiliados, ha generado una nueva controversia entre el Gobierno y el Congreso. Los usuarios expresaron su descontento ante montos considerados insuficientes, en algunos casos inferiores a $1.000 mensuales. Tanto el Ejecutivo como los parlamentarios se han acusado mutuamente de las condiciones aprobadas en la normativa.
El pasado 2 de diciembre, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó que lo aprobado no correspondía a la propuesta inicial del Ejecutivo. “Lo que se terminó aprobando no es la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo solicitado por el Parlamento respecto a los plazos”, señaló, en alusión a la decisión de establecer devoluciones en cuotas de hasta 13 años.
Desde el Congreso, las críticas fueron contundentes. El senador Juan Luis Castro (PS) calificó la situación como una «humillación ciudadana», exigiendo al Ejecutivo asumir responsabilidades. Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) señaló que el Gobierno generó expectativas imposibles de cumplir, mientras que Javier Macaya (UDI) subrayó que el Ejecutivo desestimó soluciones técnicas y ahora enfrenta un colapso.
