En una carta dirigida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales, solicitaron evaluar la suspensión del "Criterio Valencia" debido a las dificultades que existen para su implementación.
Vale recordar que la estrategia busca que se solicite prisión preventiva para todos los extranjeros que no puedan acreditar su identidad al momento de ser detenidos, y fue decretada hace una semana por Valencia, luego de que ciudadanos venezolanos indocumentados se vieran presuntamente involucrados en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Además, este lunes, se amplió la medida para todo el país y no solo para la Región Metropolitana.
«Divisamos en la aplicación de este oficio eventuales dificultades de implementación, particularmente en regiones. Respecto de aquellos detenidos que no pueda determinarse la identidad, sabemos que para el enrolamiento de imputados el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada sólo en la Región Metropolitana», señalaron a través de una carta.
«La experiencia cotidiana nos indica que actualmente este trámite puede demorar entre 2 y 3 meses, plazo que muchas veces es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad. En tal escenario, sería razonable ponderar si los esfuerzos debieran de estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento, que en someter el proceso penal a las carencias del mismo», sumaron.
«Además, inquirimos a Ud. si tal medida no admite excepción alguna en casos de delitos con penas de multa (violación de morada, lesiones menos graves, daños, etc.) o cuyas penas -en abstracto- sean propias de la aplicación de un procedimiento simplificado», añadieron.
En la misma línea, indicaron que «sobre este último punto en particular manifestamos la preocupación del gremio en orden a no repetir experiencias del pasado reciente -previo a vuestra administración- en que directrices rígidas para la solución de cuestiones jurídicas, junto con generar una sobrecarga en las tareas de persecución penal, con la consecuente distracción de recursos de otras materias de relevancia, terminaron por afectar la imagen de nuestra institución en términos públicos».
Así las cosas, los persecutores solicitaron al Fiscal Nacional «evaluar suspender la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía ante los que se pongan a disposición los detenidos en la situación motivo del oficio».
