Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al contundente informe de la Contraloría General de la República que revela falencias en la entrega de pensiones de gracia.
Específicamente, el documento emitido por el ente contralor revela que 58 beneficiados cuentan antecedentes penales, incluidos delitos violentos. Incluso hay algunos que cuentan con más de 10 condenas.
Además de lo anterior, se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante.
Consultado por la responsabilidad política, el subsecretario del Interior dijo que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió ocurrir”.
“Por lo tanto, es un hecho grave, pero también decir que ocurrió porque se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento establecido para entregar esas pensiones”, agregó.
A continuación, Monsalve complementó que dicho procedimiento “se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.
“Si usted me pregunta si eso fue un error, yo diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy le permite a Chile una pensión de gracia con la obligación de pedir los antecedentes penales”, aclaró la autoridad.
En cuanto al procedimiento, que se dictó el 4 de enero de 2022, “estableció que para entregar las pensiones de gracia, uno de los requisitos era tener a la vista un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, insistió.
En cuanto a los 10 casos sin antecedentes médicos, el subsecretario comentó que la interpretación de la Contraloría está vinculada a que la información “no está suficientemente legibles y que deben ser complementados (…) obviamente eso es lo que vamos a hacer”.
“Tanto es así el Presidente de la República, como ya lo saben, decidió usar la facultad de revertir pensiones de gracia en personas que tengan que ser penales”, concluyó Monsalve.
