Los excandidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls enfrentan un escenario financiero adverso tras la reciente elección. Según los registros preliminares, ambos quedaron con saldo negativo en su rendición ante el Servel, por lo que deberán asumir con recursos propios parte del dinero utilizado en sus campañas al no alcanzar el nivel de votación necesario para cubrir los gastos declarados.
La Ley de Financiamiento Electoral establece que el Estado reembolsa a los aspirantes presidenciales según el número de votos obtenidos, calculado en 0,04 UF por sufragio. En este caso, la baja votación obtenida por Enríquez-Ominami —que sumó su quinta candidatura presidencial— y por Mayne-Nicholls, quien alcanzó apenas un 1,26%, dejó un monto pendiente que no será cubierto con fondos públicos.
El caso vuelve a abrir el debate sobre los costos de la política y el modelo vigente desde 2016, que trasladó al Estado buena parte del financiamiento electoral. Las obligaciones económicas de ambos excandidatos reactivan la discusión sobre la proporcionalidad entre inversión, votos obtenidos y el uso correcto de dinero en campañas presidenciales en Chile.
