Indignación ha causado la decisión del juez Luis Muñoz, del Juzgado de Garantía de Ovalle, en la región de Coquimbo, que permitió a una banda de narcotraficantes pagar una fianza para evitar la prisión preventiva.
El monto de la polémica fianza fue de tan solo 2 millones de pesos, una suma bastante baja considerando que los más de 1.600 kilos de cannabis incautados a la organización tiene un avalúo de 8.000 millones.
En un amplio operativo de la PDI, que contó con apoyo aéreo para encontrar la droga escondida entre los cerros cercanos a Ovalle, se logró detener al clan familiar de 23 individuos dedicados a la «producción, distribución y venta de marihuana».
«Además de eso, se logró a través de un allanamiento simultáneo de 29 domicilios, la incautación de 280 millones de pesos en efectivo, además de casi 45 mil dólares», explicó el prefecto Luis Romero, de la Región Policial Coquimbo de la PDI.
Polémica decisión del juezPese a los resultados de la investigación que se desarrolló por más de un año y medio, el juez Luis Muñoz desestimó los argumentos del Ministerio Público y negó estar en presencia de una organización criminal que se dedicara al lavado de activos.
Así, se decretó una fianza de $2 millones por cada miembro detenido, un total de $46 millones que fueron pagados en dos días.
Según el tribunal, las propiedades, los vehículos, incluso adquirir caballos fina sangre para carreras, no es lavado de activos.
«El tribunal cuando señala que en este caso no hay lavado de dinero, sino simplemente utilización del dinero para comprar estos bienes, lo que pasa es que no entiende entonces lo que es el lavado de dinero porque justamente la utilización del dinero sucio y convertirlo en bienes limpios es la clave del lavado de activos», dice el exfiscal Carlos Gajardo ante la polémica decisión.
«Cada vez que hay estas decisiones, son decisiones de los tribunales, no del Gobierno, nosotros nos preocupamos porque claramente estas personas son peligrosas, y la prisión está precisamente para sacar de circulación a personas peligrosas. Nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo», sostuvo por su parte la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
