El fiscal del Ministerio de la Mujer investiga una denuncia por maltrato laboral en contra de la jefa de gabinete, Javiera Cabello (Convergencia Social) y exjefa de campaña del Presidente Gabriel Boric.
El procedimiento inició tras la acusación realizada por una funcionaria que llegó a la cartera hace unos tres meses al ser contratada vía concurso, y que aseguró ser víctima de presuntos malos tratos de Cabello, informó La Tercera.
El nombre de la afectada se mantiene bajo reserva y el proceso inició luego de que presentara la denuncia hace unos días.
Tras ello, y como forma de proteger a ambas partes en la investigación, la denunciante fue reubicada en el gabinete de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, a cargo de Luz Vidal.
La abogada y una de las fundadoras de Convergencia Social -partido de Boric- no cree que haya existido una situación de maltrato, ya declaró ante el fiscal del Ministerio de la Mujer y se encuentra «tranquila», según su círculo.
Cabello se mantiene cercana a personas relevantes del bloque, como la ministra Antonia Orellana, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, e Irina Karamanos, pareja del Mandatario. Además, fue una de las militantes que apoyó que Boric firmara el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019.
El Ministerio de la Mujer se refirió al proceso de investigación y dijo al medio citado que, en el compromiso «de desarrollar su labor en ambientes seguros y de respeto para todos sus funcionarios y funcionarias», la cartera cuenta con protocolos para prevenir y abordar «eventuales conflictos laborales».
La comunicación formal agrega que «tomamos conocimiento del caso señalado, activándose de inmediato el protocolo interno correspondiente, el cual aún se encuentra en curso.
El hecho ha sido abordado desde este ministerio buscando resguardar la integridad, dignidad y los derechos de todas las personas involucradas, especialmente de la denunciante», agrega la comunicación formal.
«Creemos en el valor de la denuncia como una herramienta necesaria, a la que puede recurrir cualquier funcionario/a ante hechos que pudiesen constituir una vulneración a sus derechos laborales; y así también, en el debido proceso que resguarde a las personas involucradas, en especial, de quienes denuncian», destaca.
Finalmente, la repartición comprometió «respetar la decisión que se adopte en la instancia correspondiente, procurando resguardar el bienestar de sus funcionarias/os», siempre de acuerdo al rotativo.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), se refirió al accionar de la Moneda en torno a estos hechos y afirmó que «en materia de denuncias de acoso, de cualquier tipo, el Gobierno tiene un estándar que aplicar. Y ese no es más ni menos que lo que establece la ley, las normas y lo instructivo al respecto».
«Por lo tanto, aquí hay procedimientos investigados, sumarios administrativos y un caso que está además judicializado. Y, en estos casos, nosotros no podemos dar detalles en la información, porque se resguarda a las víctimas o posibles víctimas denunciantes», añadió la vocera.
