Esta jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se presentó ante la Comisión investigadora de las pensiones de gracia por violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.
La autoridad entregó las cifras y aseguró que “durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerado sus derechos en el marco del estallido social”.
Del total, 148 que fueron entregadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
Consultado por si existen beneficiarios con prontuario policial, la autoridad de Interior recalcó que sí, de los 418 aproximadamente 40 personas registran antecedentes penales.
En detalle, 17 recibieron el beneficio durante el anterior mandato de Piñera y 23 durante la presente administración.
Aún así, Monsalve destacó que en ambos gobiernos “se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento”.
“Un reglamento que fue fijado a través de una resolución exenta el 4 de enero del año 2022 (…) en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”, explicó.
En la misma línea, Monsalve indicó que el monto de las pensiones de gracia que se entrega “en todos los casos (…) tiene en promedio un monto de 1.5 ingresos mínimos no-remuneracionales”, cerca de $400.000.
“Y respecto a los 40 personas que tienen antecedentes penales, en general, son antecedentes penales antiguos y por delitos menores”, dijo.
En la instancia, uno de los asistentes dijo que uno de los beneficiarios estaría prófugo de la justicia, pero aún no está confirmado.Respecto a si eso puede ser una razón para suspender el beneficio, el subsecretario de Interior respondió que -según establece la Constitución- “es una facultad exclusiva del Presidente de la República”.
Agregando que “todos los Presidente de la República la han tenido y si el Presidente de la República, si lo estima pertinente, podría revocar el beneficio”.
Tras la presentación de Monsalve, el diputado y presidente de la comisión, Henry Leal (UDI), comentó que del total de quienes reciben un beneficio “39 son lesiones leves”.
“No tienen ninguna incapacidad para trabajar y que tienen pensiones de gracia para toda la vida”, sostuvo.
Sobre quienes tienen antecedentes, “en el reglamento que se dictó, no se consideró verificar los antecedentes penales. Entonces, hoy tenemos casos donde hay prófugos de la justicia y que está con el beneficio”.
“La comisión en sus conclusiones finales, me imagino, que va a volver a proponer que a esas personas se le revoque ese beneficio, pero eso tendrá que ser sometido a votación en su momento (…) sería atendible”, concluyó.
Desde Demócratas, la diputada Johanna Pérez dijo que lo expuesto por el Gobierno “nos constata que, a propósito de lo que se dio en las pensiones por el estallido social, es necesario exigir que no puede haber nadie con un prontuario penal. Eso se debe corregir en la ley”.
“Aquí lo importante es que los recursos del Estado sean bien utilizados en las personas que realmente lo necesiten y creo que aquí no puede haber personas de primera y segunda categoría”, añadió.
Finalmente, declaró que “no puede ser que lo más cercano a la ideología del Gobierno, por ello queden postergados personas trabajadoras que le han dado mucho al país”.
