El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló este jueves que ha solicitado un informe para detallar y establecer si pudiera existir delito en el marco de la ley de seguridad Interior del Estado en relación a la acusación de Juan Araya, timonel de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), respecto a que el Gobierno habría pedido que los camioneros que paralizaran en 2020 para que se aprobara la Ley Juan Barrios.
La máxima autoridad del ministerio público explicó que pidió el documento a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía nacional, asegurando «desde ya» que es posible que «exista algún tipo penal en la ley de seguridad interior del Estado».
En ese sentido, remarcó que el órgano no puede abrir una investigación de oficio, «quien tiene el ejercicio de la acción penal en esa materia es el supremo gobierno, no el Ministerio Público».
De todas formas fue claro en señalar que podrían indagar si del informe se desprende una «denuncia de esa naturaleza que amerita que podamos abrir una investigación sobre un delito común».
Abbott señaló que de lo que conoce del tema, «sí podría ser un delito que esté incluido en la ley de seguridad interior del Estado», pero que, por ahora, el gobierno es el que tiene el ejercicio de solicitar una investigación.
En cuanto a cuándo podría tener ese informe, explicó que «en el corto plazo».
En este contexto, el Fiscal Nacional aprovechó de mencionar que ya han conversado con la Convención Constituyente para plantear la «necesidad que no haya áreas vedadas para el Ministerio Público que no puedan ser investigadas sin la autorización de otras instituciones como ocurre hoy día con delitos tributarios, electorales o económicos, cuando se trata, por ejemplo, de delitos como la colusión».
