En una reciente entrevista con CNN, el ministro Jackson «blindó» al titular del Minvu, Carlos Montes, asegurando que las responsabilidades políticas por el escándalo de Democracia Viva fueron asumidas por la ahora exsubsecretaria, Tatiana Rojas.
Según explica el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, las responsabilidades políticas quedaron saldadas en el caso Democracia Viva, tras la salida de Tatiana Rojas de la Subsecretaría de Vivienda, en un claro “blindaje” a su par, Carlos Montes.
Recordemos que la funcionaria dejó su cargo en medio del escándalo por el caso de Democracia Viva, tras conocerse que fue alertada hace varias semanas de lo sucedido en un correo electrónico de lo que sucedía.
Jackson enfatizó en que la salida de la ahora exsubsecretaria de Vivienda fue suficiente para asumir la responsabilidad política.
En cuanto a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, el ministro Jackson indicó que el presidente Gabriel Boric no solicitó la renuncia “porque se creyera que estuviera involucrada, sino más bien porque había un acto administrativo que no fue tan rápido como la situación lo ameritaba”.
Sobre una eventual responsabilidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, su par de Desarrollo Social aseguró que “ha sido absolutamente diligente, se ha puesto a disposición”.
“Creo que hay una situación de una fundación, en una región donde se genera una situación particular que es completamente condenable, pero que no por eso vamos a dejar que todo el Plan de Emergencia Habitacional que está liderando el ministro Montes se detenga”, agregó.
Consultado por si podría existir, o no, una responsabilidad política por parte de Montes, el líder de Revolución Democrática respondió a CNN Chile que “ya fue asumida (…) ya fueron asumidas por parte de la exsubsecretaria Rojas las responsabilidades del caso”.
Por otro lado, consultado respecto a si ha tomado contacto con la diputada Catalina Pérez, el ministro de Desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática, descartó haberse comunicado con ella.
“No he podido saber qué pasó con esa situación, no he podido preguntar”, respondió, especialmente tras el allanamiento de la PDI a la casa de la parlamentaria del Frente Amplio. Agregando “no sé qué pasó (…) lo vi ayer en la noche y no he tenido contacto”.
“El primer día me puse en contacto para saber que cuál es la situación, pero la verdad después esto se ha conducido a través del órgano partidario”, dijo.
“Ya hace hartos días que no estoy en contacto con ella y me imagino que tendrán ahora que ir respondiendo a las distintas instancias, tanto al interior del partido como también en el plano judicial, en Contraloría”, acotó.
“Esto es impresentable y más aún que provenga de los mismos que pregonaron que venían a cambiar la política”, dijo la semana pasada el senador socialista Fidel Espinoza.
Agregando que “yo le pregunto a Jackson públicamente dónde está su superioridad moral porque está escondido, escondido. No ha dicho una sola palabra porque todos sus amigos son los que están involucrados de estos casos”.
Tras eso, el ministro Giorgio Jackson respondió que ya pidió la disculpas del caso, tras aquella entrevista, y reiteró que este caso le parece inaceptable.
Además, destacó la importancia que tiene el hecho de “llevar a través de la política el bienestar de las personas y no servirnos de la política”.
“No que esto pase y se ponga debajo de la alfombra como muchas veces ha pasado (…) que seamos nosotros mismos los que ayudemos a esclarecer y es así como partido nos hemos hecho parte de la querella, se han tomado decisiones a nivel interno-partidario”, agregó.
Por último, ante la solicitud del presidente Gabriel Boric de tomar medidas tras el escándalo, el ministro Jackson reveló que “hace prácticamente una semana que instruí apenas se conocieron estos hechos, que se revisaran todos los convenios”.
Finalizó indicando qué, “Hasta ahora todo lo que hemos encontrado está en orden, pero yo por lo mismo quiero hacer un llamado también. No porque un caso de una fundación en una región haya tenido una situación que en este caso está revisándose como constitutiva de delito, hay que intentar desprestigiar el trabajo que hacen cientos de organizaciones de la sociedad civil que están aportando en muchas partes”, cerró.
