En medio de la controversia por la denominada “norma de amarre” incluida en el proyecto de reajuste al sector público, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender la posición del Ejecutivo y descartó tajantemente que la medida busque asegurar la permanencia de funcionarios de confianza del actual Gobierno una vez que se produzca el cambio de mando.
El secretario de Estado fue enfático al señalar que existe una interpretación errónea —e incluso deliberada— sobre el alcance de la norma. “¿Cuántos funcionarios de confianza van a permanecer después del 11 de marzo? Cero”, afirmó, recalcando que ningún cargo político continuará en funciones bajo esta disposición y que el traspaso de mando se realizará conforme a las reglas habituales entre gobiernos.
Elizalde explicó que la norma apunta exclusivamente a funcionarios a contrata en áreas como salud y educación, incorporados para ampliar coberturas y servicios, y que su objetivo es garantizar que eventuales desvinculaciones estén debidamente fundadas y puedan ser revisadas por la Contraloría. Desde La Moneda sostienen que se trata de una garantía mínima de debido proceso administrativo, mientras continúa el debate político y legislativo en torno a la iniciativa.
