A casi 10 meses de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) demoler las construcciones ilegales en los terrenos de la familia del empresario asesinado Alejandro Correa en Quilpué, la toma continúa activa. El fallo, dictado el 28 de agosto de 2024, sigue sin ser ejecutado, lo que ha generado profunda molestia en los familiares.
La familia Correa Uribe acusa desacato por parte del Ejecutivo y ha realizado múltiples gestiones legales y administrativas para exigir el cumplimiento del dictamen judicial. La abogada Jeannette Bruna incluso solicitó una reunión con la Contraloría y autoridades del Minvu, sin obtener respuesta. Desde el Serviu aseguran que los fondos para la demolición están «en tramitación», misma respuesta dada hace tres meses.
Valentina Correa, hija del empresario, expresó su indignación en redes sociales acusando el incumplimiento de las autoridades. «Hoy no espero nada del gobierno. No cumplieron su palabra ni la orden de demolición dictada hace casi un año», escribió, apuntando directamente al ministro Carlos Montes ya los canales oficiales del Minvu. La incertidumbre sigue mientras la toma permanece intacta.
