La Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó un plazo de 30 días para que el municipio de San Antonio y los ministerios de Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social habiliten albergues transitorios para las cerca de 10 mil personas que serán desalojadas de la megatoma ubicada en esa comuna. El tribunal advirtió que el incumplimiento de la orden podría derivar en medidas de apremio contra las instituciones responsables.
El fallo responde al incumplimiento de una resolución previa de la Corte Suprema, dictada en marzo de 2024, que ordenaba garantizar espacios habitacionales temporales para los ocupantes del terreno. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que el Gobierno cumplirá con la ley, aunque advirtió sobre los riesgos que implica un desalojo masivo. “Hasta el último día buscaremos soluciones, pero debemos actuar con responsabilidad”, señaló.
Desde la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria del terreno, el abogado Diego Pereira valoró la decisión judicial, afirmando que “se pone fin a las versiones sobre una suspensión del desalojo y se restablece el Estado de derecho”. En tanto, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que el proceso continúa abierto a alternativas habitacionales, pero reiteró que “el mandato es claro: la ley se debe cumplir”.
