El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó esta jornada el intenso operativo de expulsiones que ha iniciado Estados Unidos en los últimos días con la toma de poder de Donald Trump, y junto con esto, se refirió a los dichos de la exaldcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matthei, quien mediante la red social X, criticó al gobierno de no deportar suficiente, acusando que se requería “coraje y voluntad política”.
Consultado sobre estos dichos en Radio Cooperativa, el subsecretario señaló que este no era e lcaso, y que el gobierno “tiene coraje y voluntad política para hacer las expulsiones”, sin embargo, “lo que pasa es que hay restricciones legales, impuestas, entre otras cosas, a la Ley de Droga, cuya norma fue promovida por parlamentarios de oposición”.
Estados Unidos, como cualquier país soberano, tiene el derecho de deportar a los extranjeros irregulares, más aún si han cometido delitos. El actual Gobierno de Chile, en cambio, deporta solo aproximadamente a mil irregulares al año, siendo que hay 30 mil expulsiones pendientes.…
En este sentido, explicó, desde el gobierno han aumentado las expulsiones administrativas “como no se habían hecho enlos últimos seis años en el país”, sin embargo han descendido las expulsiones judiciales”.
“Esto es producto de una modificación legal a la ley de drogas promovida por parlamentarios de oposición que impiden expulsar a las personas condenadas por ley 20.000 como medida sustitutiva. Esto tiene un impacto muy significativo en la zona norte, de hecho, que hace que los penales los tengamos sobrepoblados”, explicó la autoridad.
En consecuencia, señaló que el gobierno ha buscado modificar esa norma que permita así las expulsiones en el caso de la Ley 20.000. ya que además, estos “son muy altos” y “afecta sustancialmente a mujeres”.
“En segundo lugar, hay un principio de realidad que yo creo que es conveniente que todos los que participan del debate público lo tengan en consideración, y es que tenemos limitaciones estructurales para realizar esas expulsiones a Venezuela”, señaló.
“Porque salvo que alguien me diga que dadas las relaciones vigentes que tenemos con ese país, cuál es el método alternativo a esas expulsiones, el país ha tratado de hacer todos los esfuerzos y es de todo el mundo conocido”.
“Entonces, no solo hay que tener coraje y decisión -que el gobierno lo tiene- sino que si se quiere postular a la primera magistratura del país también hay que tener contexto de realidad”, sentenció.
“Y como esto es un problema del país, yo creo que todos tenemos que buscar buenas ideas a cómo resolver este asunto”, añadió.
Por otra parte, y consultado sobre los avances en cuanto a la investigación esta organización criminal, Cordero destacó los avances, sobre todo en aquello que guarda relación con el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
“Creo que esto es uno de los grandes desempeños que ha tenido el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI)”, afirmó al respecto Cordero, advirtiendo de igual manera que “sería mezquino no reconocer los trabajos previos que se han venido desarrollando” en esta materia.
Desde el 2021 hasta la fecha, señaló, “el país ha detenido a más de 300 personas vinculadas a esta organización. Entre ellas existen vínculos, como está tratando de acreditar el Ministerio Público. Varios de ellos ingresaron entre el 2017, 2018, y 2019 por pasos regulares”.
Los cabecillas de esta organización, añadió, ingresaron regularmente, “pero cuando comienza la persecución penal en Chile muy intensamente abandonaron el país”.
“En términos sencillos, lo que quiero decir es que cuando ustedes ven resultados como estos, son frutos de trabajos previos y, claro, son difíciles de percibir con anterioridad. Pero yo creo que los chilenos y las chilenas tienen que estar tranquilos, ya que cuando se desbarata una organización de este tipo, ha pasado un tiempo e inversiones muy significativas de trabajo por parte de las policías y el Ministerio Público para lograr esto”, afimó.
Por otra parte, y en materia de cooperación con Venezuela, la autoridad advirtió que no ha visto “ninguna aplicación práctica” en el caso del convenio que firmó el exsubsecretario Manuel Monsalve con el país.