El pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió abrir un sumario administrativo en contra de cuatro funcionarios auxiliares de justicia —dos notarios y dos conservadores de bienes raíces— tras su presunta vinculación con los jueces removidos de las cortes de Santiago y Suprema, Antonio Ulloa y Ángela Vivanco, en el marco de la investigación que involucra al denominado consorcio bielorruso.
La presidenta de la Corte, María Catalina González, informó que la medida busca esclarecer los antecedentes expuestos por la prensa y otros documentos internos del tribunal. “Se decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos”, precisó la autoridad judicial, destacando la importancia de mantener la probidad y transparencia en el Poder Judicial.
Los funcionarios investigados son Rodrigo Yáber, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Barrena, notario y archivero judicial; Rodrigo Ortúzar, notario; y Fernando Martel, notario. Según la fiscalía, Yáber habría transferido más de 19 millones de pesos a la pareja de los jueces removidos. La indagatoria se suma a las acciones disciplinarias que el Poder Judicial ha impulsado en los últimos meses para reforzar la confianza pública en sus instituciones.
