Tras el debut de Cathy Barriga vendiendo contenido para adultos en plataformas eróticas mientras cumplía arresto domiciliario, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que propone prohibir a personas con medidas cautelares realizar negocios a través de Internet. Esta iniciativa ha generado la indignación de Camila Polizzi, quien no tardó en manifestar su rechazo.
El proyecto, impulsado por diputados del partido Demócratas, busca modificar la ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas de la libertad. Según los legisladores, “no es coherente que, por un lado, se restrinja el acceso a tecnologías y dispositivos móviles a imputados y condenados en cárceles comunes, mientras que a aquellos con beneficios penitenciarios se les permita participar en redes sociales o desarrollar actividades comerciales.
Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción y actualmente imputada en el Caso Convenios, utilizó sus redes sociales para criticar la propuesta, calificándola de «hipocresía». En sus historias de Instagram, preguntó: “¿Y la presunción de inocencia?”, y agregó que la iniciativa va «en contra de la propia Constitución», acompañando el mensaje con un emoji de decepción y haciendo mención al partido.
Además, Polizzi acompañó sus publicaciones con música alusiva a su molestia, incluyendo los temas «Ignorancia» de Gondwana e «Hipocresía».
El objetivo del proyecto no es únicamente regular el uso de redes sociales en general, sino específicamente impedir que personas bajo arresto domiciliario utilicen estas plataformas para obtener ingresos económicos, como lo han hecho figuras como Barriga y Polizzi a través de la venta de contenido erótico. El texto del proyecto señala que “hay casos en que esta medida se vulnera mediante actividades que, aunque no ilegales, no podrían realizarse en un centro penitenciario regular”.
Desde Demócratas argumentaron que “el arresto domiciliario no puede convertirse en una burla al sistema judicial. Estas personas siguen bajo proceso penal y deben estar sujetas a restricciones que no solo protegen a la sociedad, sino que también respetan el propósito de la sanción”.
