En prisión preventiva quedaron cuatro personas, incluyendo a dos funcionarios públicos, vinculadas a una organización que entregaba certificados de estudios falsos para la obtención de licencias de conducir. La investigación, realizada por la Fiscalía de O’Higgins junto a la PDI, permitió reunir evidencia suficiente que llevó a la detención de los imputados: dos chilenos y dos extranjeros.
Los acusados habrían emitido más de 5.500 certificados falsos desde 2020, generando ganancias superiores a los $360 millones. Según el fiscal Javier Von Bischoffshausen, los documentos eran principalmente destinados a ciudadanos extranjeros que necesitaban cumplir los requisitos para obtener licencias de conducir sin cumplir con la educación mínima exigida.
La PDI confirmó que los imputados coordinaban pagos electrónicos por los certificados, con montos que rondaban el millón de pesos por licencia. Los detenidos, que incluyen a dos funcionarios del Ministerio de Educación, contactaban a las personas interesadas y facilitaban la tramitación ilegal de los documentos, demostrando un esquema organizado que afectó a cientos de usuarios en la región.
