Representantes del Partido Comunista (PC) anunciaron que presentarán un requerimiento contra la diputada de la bancada de Renovación Nacional (RN) María Luisa Cordero, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, por sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai y el ataque que le generó la pérdida del gusto, el olfato y la vista.
Este jueves, la diputada del PC Carmen Hertz anunció mediante sus redes sociales que junto a sus compañeras de partido Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo presentaron el requerimiento ante la Comisión de Ética y calificó como “infames” los dichos de la diputada Cordero.La tarde del miércoles se conoció que María Luisa Cordero, en radio El Conquistador, aseguró que la senadora Campillai, quien perdió sus sentidos del gusto, la vista y el olfato al recibir el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros, no estaba completamente ciega.
“La señora Campillai, que se descubrió que ve… ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega… tiene un ojo que le funciona (…) ella manda a quemar el país, manda a quemar los metros y que se yo”, aseguró.
Recordemos que la senadora Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena mientras esperaba en un paradero de transporte público, en San Bernardo, por parte del expolicía Patricio Maturana, quien fue condenado a 12 años de cárcel.Buscarán castigar el negacionismo
Junto con ingresar el requerimiento ante la Comisión de Ética, la diputada Hertz anunció mediante la misma red social que ingresaría nuevamente al Congreso un proyecto de ley que tipifique y sanciones el “negacionismo”.
“Querida senadora, inmediatamente después de la semana distrital ingresaremos nuevamente el proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo. Mis respetos, admiración y cariño para usted”, les escribió a la propia senadora Campillai.En 2020 el Congreso discutió un proyecto que tipificaba como delito justificar, aprobar o negar violaciones a los Derechos Humanas ocurridas en Chile entre 1973 y 1990, durante la dictadura cívico-militar.
Pese a que ese proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados por mayoría simple de 75 votos a favor y 55 en contra, antes que fuera votado por el Senado, el Tribunal Constitucional declaró, precisamente, inconstitucional que la iniciativa fuera aprobada por ese quórum, y no por quórum calificado. Así, no prosperó la tramitación de la norma.