La Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, con sede en la Región del Maule, presentó un oficio a la Contraloría General de la República, solicitando investigar los 144 millones de pesos que el Ministerio de Salud (Minsal) entregó, sin licitación pública, a sólo una Organización No Gubernamental (ONG) para la lucha contra el VIH en Chile.
En el oficio presentado al contralor Jorge Bermúdez, el secretario ejecutivo de la Coordinadora, Michael Díaz, aseguró que los fondos destinados a una sola organización “se han asignado de manera discrecional, sin cumplir con las obligaciones establecidas en las contrataciones públicas, vulnerando con ello el principio de participación, transparencia e igualdad de oportunidades entre las instituciones que forman parte de la respuesta al VIH-Sida en el país”.
«No tenemos antecedentes que dicho proceso se haya desarrollado con otras organizaciones, lo que claramente es una política discriminatoria, considerando que se trata de procesos administrativos de difícil conocimiento para el resto de las instituciones. Ello tiene la potencialidad de entorpecer o impedir la entrada de otras instituciones y favorece el establecimiento de grupos de interés en la administración pública”, aseveró el dirigente maulino en su denuncia.
Díaz agregó que el monto habría sido asignado entre los años 2014 y 2017 a través de cinco convenios de colaboración que no contaron con licitación pública.
«A lo anterior se suman otros 120 millones de pesos que la Subsecretaría de Hacienda también traspasó a la misma organización no gubernamental usando subvención presidencial», aseveró.
Miembros de otras organizaciones como la Red Nacional de Pueblos Indígenas (Renpo), Traves Chile y la Agrupación de Personas Viviendo con el Virus (Arpevih) también cuestionaron las altas cifras entregadas por el gobierno a la ONG Acción Gay, las que según ellos “distan mucho de la realidad del resto de las organizaciones no gubernamentales que luchan contra el VIH en el país”.
ESCASO APORTE REGIONAL
Según información entregada por la misma Coordinadora Nacional, el Ministerio de Salud destina anualmente 142 millones para iniciativas lideradas por las Secretarias Ministeriales de Salud en las 15 regiones del país. Dichos fondos están destinados a la ejecución de iniciativas de prevención del VIH, implementadas por las propias ONGs en cada región, quienes deben acceder a dichos recursos mediante un proceso de licitación pública.
En el caso particular de la Región Metropolitana, el presupuesto anual asignado al Programa de Prevención y Control del VIH-Sida corresponde a 34 millones, los que permiten financiar proyectos de 13 instituciones no gubernamentales.
En el caso de las regiones las brechas en el acceso al financiamiento se acentúan. Por ejemplo, la Región de Atacama cuenta con un financiamiento de 500 mil pesos, mientras que la Region del Maule cuenta con un presupuesto total de 7 millones para financiar su respuesta regional frente VIH y Sida.
“Es necesario contar con parámetros de evaluación y asignación de recursos uniformes que fomente la eficiencia de la gestión administrativa y el fortalecimiento de las propias instituciones no gubernamentales que responda a las necesidades comunitarias y no solo sea una vía para satisfacer conflictos de interés de grupos de poder con fines políticos o partidarios”, sostuvo Michael Diaz.
EL SILENCIO DE LA PROTESTA SOCIAL
Del mismo modo la Coordinadora Nacional cuestionó el actual modelo de financiamiento que consideraron de injusto e insuficiente para atender a las necesidades específicas de las poblaciones y de las personas que viven con VIH.
“Nos encontramos frente a un modelo de financiamiento que no posee una partida presupuestaria específica que permita instalar los programas de intervención comunitaria liderados por Personas que Viven con VIH/SIDA. Lo cual deja al criterio de la autoridad definir los montos y bajo que modalidad serán asignados, lo que es arbitrario y poco transparente porque abre la posibilidad utilizar esta vía para pagar favores políticos y excluir a instituciones criticas del actual sistema”, apuntaron.
La organización finalizó señalando que “hemos denunciado esta situación porque nos parece abusiva y sospechosa cuando, más que colaborar con una ONG, busca silenciarla de la legítima protesta social y el monitoreo de la política pública en salud, política fuertemente criticada por organizaciones de personas viviendo con VIH/SIDA”, dicen, agregando: “Lamentamos que el Ministerio de Salud niegue el apoyo a las instituciones regionales y no asuma su responsabilidad con las políticas de prevención y apoyo que necesitan las personas que viven con VIH/SIDA”.
