La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, condenó los dichos de Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien llamó a “organizar la resistencia armada” ante la posible instalación de un “estado intermedio” en la Macrozona Sur.
Cabe recordar que el Ejecutivo, en el marco de un proyecto de resguardo a la infraestructura crítica, busca autorizar el despliegue militar en las principales rutas de este sector. Así, se generaría una medida alternativa al Estado de Excepción Constitucional.
En ese contexto, Llaitul señaló que “se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo Estado de Excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital”.
Asimismo, llamó a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”.
Vallejo afirmó que estos dichos “son absolutamente condenables. Nosotros vamos a insistir en generar los espacios de diálogo, pero también, cuando tenemos que hacer uso de lo que nos entrega nuestro ordenamaineto jurídico y el estado de derecho, lo vamos a hacer”.
“Jamás el Gobierno, a través de sus acciones, está buscando ningún tipo de enfrentamiento. Muy por el contrario, hemos sido enfáticos en señalar que nuestro camino es el diálogo”, agregó la secretaria de Estado.
Vallejo llama a asegurar libre circulación por rutas
La ministra aseveró que el Gobierno busca saldar “deudas que tiene el Estado” con las comunidades indígenas que habitan en “el teritorio Wallmapu”.
Por ello, dijo que una propuesta de “estado intermedio” servirá para “garantizar la libre circulación y que aquellas demandas de las comunidas en torno a educación, salud, agua y transporte puedan ser atentidad por parte del Estado”.
“No lo podemos hacer si es que las rutas se ven permanentemente interrumpidas, coartadas por temas asociados a hechos delictivos como por paros de camioneros”, explicó la vocera.
Asimismo, recordó que este miércoles s realizó una inédita sesión del Consejo Nacional de la Conadi en el Palacio de La Moneda.
En aquella oportunidad, el Ejecutivo se comprometió a aumentar a 35 mil millones de pesos el presupuesto del organismo para la compra de tierras.
