Este miércoles, diputados de oposición presentaron la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de compraventa del proyecto minero Dominga, revelado en la investigación periodística Pandora Papers.
El diputado Jaime Naranjo (PS), señaló que “en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y homenaje a todos quienes sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren las injusticias sociales”.
“Tal como lo dijimos, las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación”, agregó.
Firmaron el libelo los diputados Claudia Mix (Comunes), Félix González (Ecologista), Marcelo Díaz (IND), Tomás Hirsch (PH), Marcela Hernando (PR), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD), Pablo Vidal (IND), Daniel Núñez (PC) y Andrea Parra (PPD).
Tras la presentación de la acusación, deben sortearse los cinco diputados que integrarán la comisión que evaluará si procede o no la acusación, quedando excluidos de este proceso quienes firmaron el documento y los miembros de la mesa.
La notificación de la acusación al Presidente se puede realizar de manera electrónica o personal en un plazo de tres días.
Una vez que sea notificado, el Mandatario tiene prohibición de ausentarse del país sin permiso de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Posteriormente, habrá un plazo de 10 días desde la notificación, para que Piñera presente su defensa, la cual puede realizar de forma escrita o bien acudiendo personalmente a la comisión.
Cabe señalar, que por su parte la Fiscalía Nacional, anunció la reapertura de la investigación al Jefe de Estado por los eventuales delitos de soborno, cohecho e infracciones tributarias en la venta de la Minera Dominga.
Cabe señalar, que una vez que se dieron conocer los antecedentes de los Pandora Papers, desde Presidencia emitieron un comunicado en el cual negaron las acusaciones señalando que «los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación».
Mientras que el propio Mandatario en una declaración pública sostuvo que «se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero».