Ante el urgente llamado que han efectuado diversas organizaciones y familiares de las personas que se encuentran privadas de libertad por hechos ocurridos durante el estallido social, Revolución Democrática (RD) recalcó la necesidad de promulgar una Ley de Amnistía que le dé una salida política a esta situación.
Tras la contundente victoria del Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, aumentaron las voces que exigen la liberación inmediata de los presos de la revuelta, sobre todo luego de que la Justicia absolviera a los dos imputados por la quema de la estación Pedrero del Metro, quienes estuvieron casi un año en prisión preventiva.
El presidente regional de RD, abogado Rodrigo Hernández, aseveró que una Ley de Amnistía resuelve políticamente un problema que es más político que judicial.
“El Gobierno no ha sabido conducir el poder que tiene, direccionándolo en ocasiones contra sus propios ciudadanos. Ante las notorias irregularidades en los fundamentos de las medidas que se han adoptado, creemos que es necesario apoyar iniciativas que nacen en esta perspectiva”, dijo Hernández.
Asimismo, el abogado condenó los abusos perpetrados en contra de los manifestantes durante el estallido social. “Es un hecho que las fuerzas policiales cometieron repetidas afectaciones y vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, no solamente en contra de las libertades, sino que derechamente atentando contra la integridad física y síquica de las personas. En ese sentido, es un hecho bastante evidente que se ha utilizado el control policial como una medida de control político”, expresó.
Si bien reconoció que algunos individuos fueron detenidos por cometer delitos y que no se puede justificar la violencia, Hernández también fue enfático en criticar los procedimientos y mecanismos utilizados.
“Si en el caso más paradigmático de investigación policíaca en el contexto del estallido social por un hecho de violencia contra alguna clase de infraestructura, como lo que ocurrió con la quema del Metro, no hubo pruebas contundentes ni pistas sustantivas y finalmente nos llevaron a sujetos absolutamente inocentes que fueron injustamente acusados de un delito que no cometieron, es de imaginarse que en otros delitos en los cuales se han acusado a otras personas por situaciones similares, a lo menos tenemos una razón para dudar de la eficacia de la contundencia de las pruebas que se aportan en esa clase de procedimientos”, argumentó.
En la misma línea, Hernández lamentó el camino que eligió La Moneda para enfrentar esta situación.
“Que el Gobierno haya invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene una serie de cuestionamientos sobre su validez en democracia y sobre la real eficacia jurídica de los instrumentos que posee, es sumamente significativo para analizar cuál es su postura en torno a acusar casi por acusar para encontrar responsables a toda costa, aunque la prueba aportada no sea del todo suficiente o de buena calidad para definir si a una persona corresponde encarcelarla o no”, analizó.
Asimismo, Hernández criticó la excesiva aplicación de esta medida cautelar en el país. “El uso y abuso de la prisión preventiva en Chile es una realidad desde mucho antes del estallido social”, lamentó.
Remarcó que la Defensoría acaba de confirmar que un total de 98 personas estuvieron privadas de libertad durante 2019 en la Región del Maule siendo inocentes o no condenadas.
A juicio de Hernández, esta situación adquirió mucha más notoriedad durante el estallido social porque “el Gobierno utilizó la persecución policíaca y penal, en algunos casos, como un mecanismo de control político y no como un simple instrumento de búsqueda de la verdad jurídica”, puntualizó.
