El fiscal regional, Julio Contardo, entregó un nuevo balance sobre la ocurrencia de delitos en el contexto de la pandemia y en donde resalta el aumento de casos de personas que han quebrantado la cuarentena obligatoria, a la cual han sido sometidas por la autoridad sanitaria.
En comparación al mismo periodo del año pasado, ha habido una disminución de 3,6% de causas al Ministerio Público. En lo que respecta a casos de la emergencia sanitaria, la Fiscalía está cursando 1.668 investigaciones, de las cuales 1.511 son por no respetar el toque de queda, 73 por no uso de mascarilla, 44 por desplazamiento a segunda vivienda y 23 por incumplimiento de cuarenta. Esto último, significa un aumento de 11,1% en relación a la semana pasada. Las Fiscalías de Curicó, Molina y San Javier, siguen liderando la mayor cantidad de causas.
Sobre violencia intrafamiliar, los delitos han bajado 6,7%, con 192 causas menos en relación al primer trimestre del 2019.
En cuanto a los delitos de mayor connotación social, han aumentado los robos con violencia (15%), robo con intimidación (3,6%) y lesiones (4%). Pero han bajado los homicidios (50%), violación de menores de 14 años de edad (8,89%), robos por sorpresa (9,5%), robo en lugar habitado (19,58%), robo en lugar no habitado (4,57%) y hurtos (14%).
INVESTIGACIÓN POR FILTRACIÓN DE DATOS
Sobre la causa actualmente en investigación por la filtración de un listado de personas contagiadas con Coronavirus o sospechosas de serlo, Contardo explicó las medidas penales que eventualmente podrían ser aplicables contra quién o quiénes resulten responsables.
Una de ellas es la figura de violación de secreto público, que sanciona a funcionarios que revelen los secretos que mantengan en conocimiento en razón de sus funciones con una sanción de suspensión del empleo por hasta dos años y una multa de $1 millón o ambas.
“En el evento que se produzca daño para la causa pública las penas se agravan considerablemente, estimando una privación de libertad desde 5 años y 1 día hasta 20 años de cárcel, además de una multa”, dijo.
Otra figura legal es la violación de secreto privado, una de las cuales es aplicable a funcionarios públicos que en razón de su cargo tengan secreto de un particular y lo descubre en perjuicio de éste. La pena es de hasta 3 años de prisión y multa máxima de $500 mil. Hay otra, con iguales penas, aplicable a profesionales (titulados) y que revelen os secretos que les hubieren sido conferidos.
La tercera norma legal aplicable es por delitos informáticos, que no distingue a un sujeto determinado, sino que es aplicable a cualquier persona. “Entre ellos, en caso que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a ella. Aquí arriesga a una pena de prisión de hasta 3 años. En el evento que un sujeto haya revelado o difundido maliciosamente los datos contenidos en el sistema de información, también se expone a dicha pena”. La sanción aumenta, si la persona encausada es la responsable del sistema de información.
