Esteban Arévalo es abogado de la Universidad San Sebastián y desde que se tituló el año 2013 se ha especializado en Derecho a la Salud. Una de sus primeras preocupaciones fue representar a sus clientes frente al alza de los planes de las Isapres y con el tiempo se ha convertido en un experto en casos relacionados con Fonasa, las Clínicas, los Hospitales y la Compin.
Actualmente es el profesional que representa a la Fundación Sida Maule en el Recurso de Protección que interpuso la ONG maulina en contra del Ministerio de Salud, por la cuestionada campaña de prevención del VIH y sobre el acceso al test rápido para la detección del VIH, que impulsó hace unos meses y que se encuentra en la fase final para ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Talca. Ello a pesar de la reciente campaña pro acceso que impulso dicha Secretaria de Estado la acción judicial seguirá su curso.
El profesional cuenta que llegó al tema del VIH “porque en las redes sociales descubrió la enorme implicancia y preocupación de activistas y organizaciones sociales sobre lo que estaba pasando en Chile con las políticas de salud relacionadas con esta enfermedad”.
Es así que a través de twitter conoció a activistas estrechamente vinculados con este tema, como Michael Díaz, de Fundación Sida Maule; Víctor Hugo Robles, conocido como el ‘Che de los Gay’; y Willy Morales, activista y dirigente de pueblos originarios, que han desplegado una dura ofensiva tendiente a mejorar la compleja situación.
Este conocimiento lo impulsó a tomar contacto con los dirigentes y a ofrecerles sus servicios profesionales. Producto de esta mutua preocupación por los temas de la salud pública se gestó el recurso de protección que está aún pendiente en los tribunales.
Según Arévalo lo que está en juego en este recurso es que “el Ministerio de Salud debe implementar las políticas sobre el VIH, pero la misma ley establece que la participación de las comunidades y organizaciones en la planificación e implementación de estas campañas es fundamental y eso no se ha cumplido. Es una práctica que este gobierno heredó y lo siguió haciendo tal cual. Entonces ocurre que la Fundación Sida Maule toma conocimiento de la campaña del Minsal para tomar el test rápido, pero resulta que los test no habían llegado a los Cesfam, ni a los hospitales, ni había sido capacitado el personal sanitario. Esto es de una irresponsabilidad tremenda, porque con todos los prejuicios que existen respecto a esta enfermedad, si logras convencer a alguien que se haga el test y concurre a un establecimiento, pero no se lo puede hacer, es grave. Aquí faltó responsabilidad, se lanzó una campaña para las cámaras, para la TV, pero el sistema no estaba implementado, ni los test distribuidos”, afirma el profesional.
TEMA DELICADO
Del mismo modo Arévalo enfatiza que aunque la campaña se lanzó hace varios meses, recién ahora están llegando a los establecimientos los test rápidos. Es decir, se ofreció algo que no existía.
“Con un tema tan delicado y sensible como este no se puede improvisar, ese es el tema de fondo, así como la participación de las organizaciones que llevan trabajando años en esta materia. Estamos hablando de personas que han dedicado su vida a esto”, señala.
Para el profesional es clave la participación de estas personas y organizaciones en todas las campañas relacionadas con el VIH, especialmente las campañas comunicacionales que deben contar con la experiencia en terreno de estos dirigentes.
Sobre el estado del recurso de protección dice que “actualmente se tiene un informe del Minsal en el cual se dan respuestas generales sobre la campaña, pero no se entregan datos sobre la disponibilidad del test ni la cantidad de estos. Hace un tiempo el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte del recurso a nombre del Minsal. Esto nos ha sorprendido pues si bien está dentro de las atribuciones del Consejo, como imagen es fuerte que ese organismo sea nuestra contraparte”, asevera.
El recurso está radicado en la Corte de Apelaciones de Talca y todavía hay diligencias pendientes ya que la Fundación está pidiendo que Cenabas entregue un informe claro y preciso, lo mismo el Minsal y después de eso vendrían los alegatos.
“Lo que nosotros estamos solicitando es mayor claridad y precisión en los informes y esperamos que la Corte lo tenga en cuenta para dictar una sentencia con todos los elementos sobre la mesa”, puntualiza.
