El fiscal Manuel Guerra reveló detalles de cómo operaban los cónsules chilenos Frank Sinclair y Gustavo Cantuaria, quienes están siendo investigados por tráfico de migrantes, donde «uno se desempeña como cónsul en la ciudad de Córdoba y el otro como cónsul en Irlanda, en Dublin», respectivamente.
Guerra señaló que «el delito se comete porque el año 2014 se constituye una entidad, una sociedad de nombre MCI«, cuyo propósito era «facilitar el intercambio y la venida de personas a Chile para los efectos de realizar determinados cursos, según dice el objeto, y se les facilitase luego trabajar en el país».
Fiscalía señaló que MCI se certificó falsamente, «aprovechando la propia presencia de Sinclair al interior de la Cancillería», con timbre del ministerio de Relaciones Exteriores y la autorización del ministerio de Educación.
«También se ha acreditado que hay universidades cuyo nombre se utilizó, las cuales tampoco habían dado su anuencia, simplemente porque no se puede», agregó Guerra.
De acuerdo a lo señalado por Guerra, en Chile la entidad educacional que se ve involucrada es la Universidad SEK, la que certificó a 78 estudiantes. Ellos dieron la alerta al reclamar que los cursos por los que viajaron no fue lo prometido.
«Sin lugar a dudas la Cancillería tuvo conocimiento en su momento. Estos hechos se sitúan desde el año 2014, esencialmente, hasta el 2017, es decir el 2014 se constituye la entidad, y el 2017 hubo una investigación en Cancillería», sostuvo el fical.
Guerra indicó que la organización investigada pedía un pago «entre 6.500 (más de cuatro millones de pesos) y 8.000 dólares (más de cinco millones de pesos) por cada ciudadano extranjero, en su mayoría de la India y Nepal».
«En esa época, el señor Cantuaria que ahora es cónsul en Dublin, era el cónsul en la ciudad de Nueva Delhi y era concurrente en Nepal, por lo tanto, fue quien emitió ciertas certificaciones que permitieron obtener la visa a personas que claramente no cumplían con los requisitos y a la cual se engañó», detalló.
Finalmente, Guerra aclaró que «la pena del delito de tráfico ilícito de migrantes es de 541 días a cinco años, reclusión menor en su grado medio a máximo, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos en el caso de los funcionarios públicos».
