La PDI de Temuco realizó ayer en la tarde un tercer allanamiento en el marco de la investigación por el presunto montaje de Carabineros en la “Operación Huracán”. La diligencia policial se efectuó en el domicilio del creador del software que habría permitido manipular los mensajes de WhatsApp de los imputados por delitos terroristas.
Según informó el portal soytemuco.cl, el allanamiento lo concretaron detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y se llevó a cabo en una casa del radio urbano de la capital de La Araucanía. En la mañana, la PDI allanó los cuarteles de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y del Labocar.
No se ha indicado qué elementos retiró la PDI en este tercer procedimiento, pero en las dos unidades policiales primero dejó sellados los computadores, debido a que Carabineros impidió que fueran retirados, pero en la tarde el general director Bruno Villalobos ordenó que fueran entregados a la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Antes de las instrucciones de Villalobos, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, informó que los allanamientos “no se pudieron realizar por la oposición de Carabineros. Hasta la fecha, en la historia de la reforma procesal penal, no nos habíamos enterado de que los cuarteles policiales fueran lugares especiales”. Tras la obstrucción de Carabineros, la Fiscalía Nacional ofició al Ministerio del Interior sobre esta situación.
El conflicto entre Carabineros y el Ministerio Público reventó el jueves en Temuco, tras conocerse una querella presentada a título personal por el el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) que intentaron –según denunció- involucrarlo a él y una abogada asesora en la supuesta filtración de antecedentes de la “Operación Huracán” a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Después de revelarse la querella, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, comunicó la decisión de no perseverar en investigación por asociación ilícita terrorista e incendio en carácter de terrorista en la llamada policialmente “Operación Huracán”.
La razón fue que “se han reunido una serie de antecedentes periciales que dan cuenta de que hubo manipulación de la evidencia incautada, en el marco de esta investigación”.
Afirmó que mediante peritajes realizados por la fiscalía regional se estableció que “en aquella información que fue recogida en los pre informes y en los informes periciales elaborados por el laboratorio de criminalística de Carabineros de Chile existe una serie de inconsistencias en los hallazgos que ahí se refieren”.
Paredes aseguró que los supuestos diálogos que se habrían encontrado en cuatro teléfonos celulares “no corresponden a la forma en que se archivan estos mensajes, ni al lugar donde debiesen estar” ni a ninguna de las formas en que se guardan los mensajes de WhatsApp o Telegram.
Agregó que esto significa que los mensajes considerados como supuestas pruebas en el caso fueron ingresados de forma irregular. Por lo mismo, indicó que el 28 de diciembre se inició una indagatoria penal por los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.
Por su parte, el Ministerio del Interior requirió a Carabineros una investigación administrativa inmediata y el sumario quedó a cargo del general subdirector Julio Pineda. Y ayer en la mañana el ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, advirtió que “si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda”.
