La experiencia argentina en el proceso de implementación del denominado “juicio por jurado”, fue la materia que abordó el juez de garantía y profesor en la Universidad de Palermo, Nicolás Schiavo, durante un encuentro sostenido con académicos y juristas chilenos.
La actividad, que se realizó en la Universidad de Talca (UTALCA), fue organizada de forma conjunta por el Centro de Estudios de Derecho Penal (Cedep) y el Área de Derecho Procesal, ambas unidades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha Institución.
Tomando como referencia los tres años que lleva implementándose en las provincias de Buenos Aires y Neuquén, el profesor Schiavo señaló que ha sido efectivo y, además, ha permitido ir derribando diversos una serie de mitos que existen en torno a este sistema.
“El principal es que la sociedad no está capacitada para participar de la administración de justicia como ocurre en países más desarrollados como Estados Unidos, de forma que esta modalidad se asocia a cierto nivel cultural de ese pueblo, y que al ser algo muy ajeno a nuestras tradiciones la sociedad no va a comprender el rol que tiene que cumplir”, relató en el marco de la charla “El juicio por jurados: la participación de la comunidad en la administración de justicia”.
“Cuando uno empieza a analizar lo que ha pasado con estos juicios en la provincia de Buenos Aires -que representa casi el 60% de las causas penales de la Argentina-, ve que quienes participan se toman el trabajo con mucha seriedad, compromiso, y no condenan a todo el mundo. A la fecha se registra un 70% de condenas y 30% de absoluciones, que es incluso superior al de los jueces profesionales”, detalló.
Nicolás Schiavo también relevó al aporte que implica en los procesos la visión de personas que no son especialistas en derecho. “La justicia llevada adelante exclusivamente por jueces profesionales y letrados formados en el rol de la dogmática y del manejo de los conceptos legales, ha oscurecido y llevado a un segundo plano la determinación de los hechos, es decir, son reducidos a categorías formales”, planteó.
“Se terminan acomodando los hechos a la forma de aplicación rutinaria de la ley, y eso no se pueden hacer con legos justamente porque no conocen la norma. Entonces qué sucede, cambia la mecánica del litigio, la preocupación por la determinación de los hechos, la calidad de las partes en la alegación de las teorías del caso, la calidad de las pruebas en las que éste se tiene que sustentar, porque uno tiene que convencer a 12 personas que no van a reducir los hechos al derecho, sino que van a querer saber si los hechos están probados o no”, argumentó.
A juicio del profesional, lo anterior permite mejorar las condiciones en que la sociedad accede al sistema judicial.
“No hay mejor garantía de un ciudadano que saber que cuando el Estado lo va a juzgar, está obligado a probar los hechos y no a reducir esa imputación a categorías normativas que no solo no las entiende un lego, no las entiende el propio imputado, los que a veces pasan por el proceso sin saber por qué los condenaron. Entonces el juicio por jurados al poner la relevancia de los hechos primero, la necesidad de probar y acreditar, es una profunda democratización de la administración de justicia y eso se ha notado muchísimo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
Tras la conferencia de Nicolás Schiavo se abrió un debate en el cual participaron académicos de distintas universidades, abogados operadores del sistema penal, estudiantes de doctorado y magíster.
