El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), que ahora podrá realizar detenciones y requisas sin orden judicial. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno justificó la medida como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado, alineando a la PFA con los estándares del FBI y fuerzas de seguridad internacionales.
El nuevo estatuto permite a los efectivos policiales actuar sin previa autorización judicial en casos donde se presuma la comisión de un delito, exista peligro de pérdida de pruebas o cuando se trate de espacios públicos, incluidos los digitales. También se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en modelos de EE.UU. e Israel, con la misión de fortalecer las tareas de inteligencia criminal
La medida generó un fuerte impacto en medio de un clima político tenso por la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández, recientemente beneficiada con arresto domiciliario. Organizaciones de derechos humanos y sectores del peronismo han cuestionado la constitucionalidad del decreto, mientras crecen las manifestaciones en distintas ciudades del país.
