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«Un peligro para la sociedad»: tribunal decreta prisión preventiva para Daniel Jadue

El alcalde de Recoleta fue acusado de los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Luego de tres jornada de formalización por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa, la jueza Paulina Moya concluyó que el jefe comunal demostró riesgo de fuga y representa un peligro para la sociedad.

«El tribunal considera que la libertad del imputado Jadue es peligrosa para la seguridad de la sociedad», argumentó la magistrada, agregando además que «su permanencia en el cargo significa un riesgo para los recursos de la municipalidad».

Por los ilícitos imputados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y 15 años de cárcel para el militante del Partido Comunista. Previo a la mención de las medidas cautelares, Jadue y su defensa insistieron en su inocencia e incluso acusaron a la Fiscalía de cometer un «farsa judicial».

«No puede haber una aplicación automática de la prisión preventiva por la gravedad de los delitos ni el número de los delitos. Lo que ha planteado el señor consejero es aberrante a la luz del análisis que tienen que tener las medidas cautelares de prisión preventiva en estos casos», indicó el abogado Ramón Sepúlveda.

Acusación contra Daniel Jadue La formalización contra Daniel Jadue y otras siete personas fue requerida por la fiscal Giovanna Herrera, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público en 2022.

En ese contexto, el alcalde es acusado de comprar y vender insumos médicos a sobreprecio durante la pandemia, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp).

Dichos productos, entre ellos, mascarillas, medicamentos y alcohol gel fueron comprados a Best Quality SPA, empresa que además acusó al militante del Partido Comunista de estafa por no completar el pago de dichos insumos, deuda que alcanzaría los 1.000 millones de pesos.

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