Hasta la Contraloría General de la República llegará este viernes 6 de octubre el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, quien denunciará a 11 municipios del país por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de una serie de convenios suscritos con la Fundación Daya, fundada en 2013 por la hoy diputada por el distrito 12 de la RM Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Y es que de acuerdo con detalles a los que pudo acceder La Tercera, sería en medio de esos convenios de colaboración -que tenían como objetivo ejecutar programas para el uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes con patologías con dolor crónico- que se destinaron recursos, según el parlamentario, para comprar chocolates, financiar viajes e incluso para pagar el internet de la casa de Gazmuri.
Esto habría ocurrido, como se desprende de la acción de 19 carillas a la que accedió este medio, vía tratos cerrados en 2015 y 2016 con Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal, sin que se aplicaran “mecanismos necesarios para administrar y custodiar debidamente los traspasos de dineros realizados a la fundación”.
Se detalla, en el mismo sentido, que ante la constatación de incumplimientos de los convenios “no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada”. Así las cosas, se indica que la entidad adeuda más de $171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos que no se entregaron.
Al ser consultado por la acción, el diputado Irarrázaval señaló que “esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana. Decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Solo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas”.
“Se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri. Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Y esto es más grave aun si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación”, complementó.
Mediante oficios y consultas vía Transparencia, como se da cuenta en la denuncia del citado parlamentario, fue que constataron las falencias en las rendiciones de las señaladas municipalidades.
Por ejemplo, en el caso de Copiapó, se indica que la municipalidad realizó dos pagos por $24.735.500 y $10.550.000, pero que no existe constancia de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado.
En cambio, continúan, en el caso de la Municipalidad de Quilicura, los gastos rendidos corresponden a $35.158.672 y están relacionados con actividades previas a la suscripción del convenio, y no con boletas, facturas o documentos que digan relación con los gastos específicos incurridos durante su vigencia.
Por lo mismo, Irarrázaval agregó que “miles de pacientes desesperados volvieron a tener una esperanza para paliar sus dolores, pero ellos jugaron simplemente con sus dolores solo porque servía a su agenda ideológica y negocio personal. Esperamos que la Contraloría exija la devolución de estos dineros. Si aquí hay actos de corrupción, es urgente que se determinen responsabilidades”.
Junto con exigir la restitución de fondos, se solicita a Contraloría que se determinen las responsabilidades administrativas y se establezcan las sanciones que correspondan a los funcionarios y autoridades municipales involucrados en este caso.
