Ha pasado casi un mes de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunciara acciones legales contra los tres tasadores que valorizaron la exclínica Sierra Bella, y el municipio ingresó la tarde del miércoles 10 de mayo una querella donde los responsabilizan por presuntos delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
Fue la abogada Julia Panez, directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio quien subcribió la acción en contra de María José Sepúlveda, Mylena Cárcamo y Patricio Gajardo, quienes fueron contratados a fines del 2022 para tasar la propiedad que era ofertada por Inmobiliaria San Valentino.
Según se describe en el texto, la querella se funda en las observaciones que hizo Contraloría respecto de la polémica y fallida adquisición, y en que, de acuerdo con municipalidad, los profesionales presentaron informes que resultaron “un engaño”.
“De ser correcto lo señalado por la I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación documentos que lo eran sólo en apariencia, sin respetar las normas de su propia lex artis, según el parámetro de norma técnica invocado como contraste por la Contraloría, esto es la “Norma Chilena de Tasación NCh 3658/1″, se lee.
En el mismo sentido, que aquello “ha significado un engaño por parte de los querellados, y que le ha generado un perjuicio a la I. Municipalidad de Santiago correspondiente a la supuesta contraprestación por la que fueron remunerados”.
Consultada al respecto, la alcaldesa Irací Hassler indicó: “Quiero reiterar mi compromiso y colaboración para el pronto esclarecimiento de los hechos que tan gravemente afectaron al proyecto que nos permitiría mejorar las condiciones de salud de los más de 37 mil vecinos del Cesfam Padre Orellana; y la querella presentada es parte de las acciones judiciales necesarias”.
“Representaban una falsedad”
De acuerdo con lo descrito en la querella, se constituiría el delito de estafa debido a que, “los tasadores querellados habrían entregado a la I. Municipalidad de Santiago tasaciones que únicamente en apariencia lo serían, siendo que, en realidad, representaban una falsedad consistente en documentos que no eran suficientes para que se concluyera que el encargo se había realizado, y que las conclusiones de valoración a las que arriba se fundaban en un procedimiento y metodología valido, algo que solo con un análisis profesional podría darse”.
Aseguran, de hecho, que aquello se habría traducido en que “la Municipalidad habría incurrido en el error de considerar que se trataba de tasaciones legítimas y, por tanto, no solamente realizó el pagó por el supuesto trabajo pactado –configurando la disposición patrimonial-, sino que además estos antecedentes constituyeron un hecho esencial para cumplir con las exigencias legales que requería la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella bajo la modalidad de trato directo”.
“Tanto así, que el precio ofertado por los inmuebles se basó en los tres montos concluidos en los informes referidos, confiando en todo momento en el suministro técnico que estas tasaciones supuestamente reflejaban. En concreto, la disposición patrimonial se produce por la circunstancia de efectivamente haber pagado por los informes de tasación”, agrega en el escrito de 13 carillas.
En el mismo, sentido, se hace presente que, los informes constituyen instrumentos privados ideológicamente falsos, “en tanto en ellos se afirma la realización de actos, procedimientos y satisfacción de requerimientos metodológicos fundamentales para arribar a la tasación que concluyen en sus informes. Dichas afirmaciones y razonamiento, por la relevancia que suponen para la validez del informe, constituyen la narración de hechos sustanciales cuya falsedad es sancionada como delito”.
