La Contraloría General de la República objetó la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, por el pago de un precio injustificado en la adquisición del inmueble que tenía por objetivo convertirse en la primera clínica municipal del país.
El ente fiscalizador realizará un sumario para determinar responsabilidades administrativas por este hecho y, además, por incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa durante la investigación.
A mediados de enero, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler anunció la compra del inmueble en el que estaba la ex clínica Sierra Bella con el objetivo de transformarla en la primera clínica municipal, sin embargo, y pese a que la compra del edificio fue aprobada por el concejo municipal, la concejala Rosario Carvajal presentó un requerimiento ante Contraloría, acusando irregularidades en el proceso.
Las acusaciones apuntaban a que el municipio habría pagado un eventual sobreprecio en la compra-venta del inmueble, cuyo avalúa fiscal es de 1.940 millones de pesos y la municipalidad habría pagado cerca de 8.200 millones de pesos.
La Contraloría, que ya notificó a las partes interesadas, señaló que no se fundamenta el gasto para la adquisición de los inmuebles, y que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.
Precio injustificado
El municipio ofertó 234.124 UF, algo así como $8.252.873.341 por la exclínica Sierra Bella, monto que fue aceptado por la inmobiliaria dueña. Sin embargo, la investigación de Contraloría constató que el 9 de abril de 2021, en el sitio www.portalterreno.com se publicó un aviso de venta de dicho inmueble por 95.000 UF, precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio.
Además, se advirtió que las tasaciones encargadas presentan inconsistencias: falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros aspectos.
Por esto, el ente fiscalizador determinó que “no es posible tener por fundamentado el gasto”, debiendo el municipio adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales en un plazo de 15 días hábiles.
No procede una clínica municipal
Más allá de las irregularidades en el proceso de adquisición del inmueble, la Contraloría General de la República cuestionó la idea de la Municipalidad de Santiago de implementar una “clínica municipal”.
El ente fiscalizador determinó que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud “que excederían del nivel propio de la atención primaria”, cuestionando el fondo del proyecto impulsado por la alcaldesa Hassler.
La Contraloría verificó que esta decisión de cubrir necesidades de salud para ayudar a la atención del Cesfam Padre Orellana no fue sometida “al conocimiento del concejo municipal ni tampoco fue invocado como fundamento para justificar su adquisición”.
Por esto, el ente determinó que “no resulta procedente” que la municipalidad otorgue “prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud”. Por lo que si el municipio insiste en implementar este proyecto de “clínica municipal, deberá someterlo a una nueva aprobación del concejo municipal.
