Esta tarde, un importante documento en contra de la nueva propuesta de Constitución fue firmada por 40 economistas.
Entre los profesionales más destacados del grupo están los ex ministros de Economía, Carlos Ominami; el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran; y el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler.
Además, convocó figuras de renombre como Eduardo Engel, Andrea Repetto, Cristóbal Huneeus, Fabián Duarte, Osvaldo Larrañaga, Valentina Paredes, Andrés Zahler, Andras Uthoff y Jaime Ruiz Tagle.
En específico, el documento detalla que, “un tema central es que la Constitución no debe decidir temas de política pública. Existen modalidades y preferencias que pueden evolucionar en el tiempo y que, por tanto, son materia de ley. Una cosa es definir instituciones económicas como la independencia del Banco Central o la protección de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de política pública que son habituales en los países desarrollados”, declaran.
Además, apuntan al financiamiento derechos sociales que quedaría establecido en la propuesta: “dificultaría la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión que es utilizado en la mayoría de los países más avanzados”, dicen los economistas.
Los 40 profesionales de la economía critican también la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda apuntando a que es una norma “regresiva y populista, y aunque considera una transición, pone en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres. A modo de ilustración, prácticamente ninguna vivienda en Lota paga contribuciones, mientras que casi el 100% de las viviendas en Vitacura está sujeto a su pago”, ejemplifican.
Además, establecen que la propuesta limita la capacidad del Estado de perseguir ciertas conductas delictivas como delitos ambientales y aduaneros.
“Más grave, la propuesta (artículo 16.9.b) somete a las sanciones administrativas al estándar de determinación que hoy se exige de los delitos penales. Esto dificulta, en primer lugar, asegurar la eficaz implementación de la regulación de diversos sectores económicos, como el mercado de valores, las prestaciones de salud, las materias tributarias y los servicios sanitarios”, explicaron.
Los economistas finalizan señalando que las consideraciones no son exhaustivas y que todavía quedan por mencionar varios ámbitos debatibles, “pero nos bastan para votar en contra de un texto que restringe las posibilidades de políticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de nuestro país”, finalizaron.
