Este domingo, primer día del año, comenzó a regir el primer ajuste de tarifas de las autopistas con el IPC anual, lo que subirá los precios del peaje y TAG en 6,7%, aumento que se realizará en dos ocasiones este año: enero y julio, gracias al acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias.
La segunda semana de diciembre, el MOP informó que se había llegado a un acuerdo con las autopistas para que el ajuste de tarifas sea gradual este año, debido a la situación económica que se vive en el país, por lo que se realizara un alza total de 13,4% repartidos a comienzos y a mediados de año.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, explicó que «hemos tenido este año una inflación importante del 13,3%, y eso también se ve reflejado en los peajes, como se ve reflejado en los arriendos y en los alimentos».
«Sin embargo, como Gobierno hemos convocado a todas las autopistas de manera que este dos de enero no tenga un alza total, que la que correspondía, según las cifras que tenemos, y es por eso que hemos decidido que sea proyectado en dos momentos: ahora en enero, va a ser un aumento solamente del 50% del total, 6,7 %, y el otro 50% se hará a mitad de año, en el mes de julio», detalló el ministro.
El vocero del Movimineto No+TAG, André Alarcón, llamó al Gobierno a «que cumpla su palabra con frenar los abusos y que no sea solamente populismo hacia afuera», al considerar que «lo más apto sería no haber subido estos tags y los peajes en esta epoca», debido a los efectos de la pandemia y las alzas de la canasta básica.
La decisión generó reacciones en el mundo político, más allá del mecanismo acordado para aplicar las alzas. El senador Iván Flores (DC) recalcó que «las concesiones son un negocio cautivo, no hay otra alternativa que no sea pasar por la Ruta 5 o por algunas vías concesionadas dentro de los grandes núcleos urbanos».
Asimismo, criticó que a pesar de las utilidades que generan las empresas no han tomado rol más activo en temas de seguridad, por ejemplo, cuando se hacen encerronas en las autopistas, las concesionarias se desentienden del problema la tratarse de seguridad pública.
«¿Necesitan tener un 60% de utilidades acumuladas en un periodo como antes nunca ocurrió? ¿Necesitan tener miles de millones de utilidades neta, cuando el resto de la gente lo pasa mal? Ojo con esto, porque vienen nuevas concesiones y los ministerios tendrán que tomar cartas en el asunto», cuestionó Flores.
