El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a tres funcionarios de Carabineros 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, como autores de apremios ilegítimos en Huechuraba.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Moisés Vergara González, Héctor Ramón Lara Estrella y Jaime Nicolás Lagos Lagos las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, entre otros.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en abril del 2016, la víctima de nacionalidad haitiana caminaba por calle Las Campánulas a la altura de Los Retamos.
En ese punto de la comuna, los funcionarios de Carabineros —que vestían como civiles—, procedieron a realizarle un control de identidad, momento en que lo detuvieron.
Es ahí cuando los condenados lo golpearon en el brazo izquierdo con un objeto contundente, empujándolo a la fuerza hacia el interior del vehículo en el que se trasladaban.
Luego, los tres funcionarios policiales trasladaron a la víctima a constatar lesiones al SAPU Los Libertadores de la comuna de Huechuraba, señalándole que no debía mencionar que había sido golpeado por ellos.
Producto de las lesiones sufridas, la víctima resultó con fractura de húmero izquierdo de carácter grave.
La condena
Es por lo anterior que los sujetos fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autores del delito consumado de apremios ilegítimos, causando lesiones graves.
En tanto, para el cumplimiento de la pena sustitutiva, los condenados deberán “(…) presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, que corresponde a sus domicilios, dentro del plazo de cinco días contados desde que se encuentre ejecutoriada esta sentencia, y cumplir durante el periodo de control”, consigna el fallo.
La defensa de los funcionarios condenados indicaron que están en proceso de evaluación para eventualmente presentar un recurso de nulidad, ya que aseguran que el caso debe ser resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia.
