La cámara alta ratificó el ingreso de nuestro país al tratado internacional del que son parte otros diez países y que ha sido resistido por algunos sectores.
La tarde de este martes, la sala del Senado ratificó la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11.
Con esto, el acuerdo quedó listo para ser promulgado, aunque desde el Gobierno de Gabriel Boric han dicho que esperarán resolver algunos puntos conflictivos.
El acuerdo económico ha generado división en la coalición oficialista por las distintas visiones sobre los beneficios del tratado internacional, e incluso hubo votos divididos en la cámara alta que aprobó el TPP 11 con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
El CPTPP o TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Entre sus principales objetivos se encuentran:
- Promover la integración económica
- Establecer marcos legales predecibles para el comercio
- Facilitar el comercio regional
- Promover el crecimiento sostenible
- En materia de acceso a mercados, el acuerdo busca abrir oportunidades de apertura a productos chilenos en sectores como el agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes, que ingresarán con arancel cero a mercados de países del acuerdo.
Este acuerdo considera materias como medioambiente, asuntos laborales y género, lo que sitúa estos temas de forma prioritaria para los 11 países.
El acuerdo implica facilidades de cooperación económica entre Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile.
¿Por qué genera controversia?
Desde su anuncio, algunos sectores de la izquierda en nuestro país manifestaron su rechazo.
Incluso parlamentarios que hoy son oficialistas votaron en contra de la iniciativa cuando se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados y el propio Presidente, Gabriel Boric, cuando era parlamentario, se manifestaba en contra del mecanismo de resolución de controversias que aún tiene el tratado.
En 2019 parlamentarios del Frente Amplio planteaban que con el tratado, empresas trasnacionales podrían demandar al Estado de Chile si se creaban política públicas laborales que dañaran su patrimonio e incluso se cuestionaba la «cesión de soberanía».
Sin embargo, esas críticas se han ido atenuando con los años, y el actual gobierno espera resolver algunas discrepancias que tiene con el proyecto, mediante las «side letters».
Si bien el Senado fue el que ratificó la adhesión al TPP-11, es el Presidente Boric quien deberá firmar definitivamente el acuerdo, a través de instancias administrativas que se deberán producir luego de la tramitación en el Congreso.
En esta línea, desde el gobierno han transmitido que dicho trámite se podría retrasar hasta tener definidas todas las side letters con los países del acuerdo.
Estás son cartas laterales que limitan los marcos regulatorios con los inversionistas extranjeros, y deben definirse con cada una de las naciones con las que se quieran plantear dichas consideraciones especiales.
Las side letters definen, por ejemplo, en qué casos un inversor extranjero pueda demandar a un país por algún incumplimiento en las obligaciones contractuales.
En este contexto, la ministra Camila Vallejo ha sostenido que «nos interesa, antes de hacer el depósito -que es un trámite previo a la publicación de la ratificación del acuerdo- necesitamos y esperamos que podamos tener resueltas esas conversaciones y esos acuerdos bilaterales antes de ese trámite facultativo y exclusivo del Presidente de la República», subrayó Vallejo.
«Más allá de las opiniones a favor o en contra, lo fundamental y lo que es un mínimo común denominador del oficialismo, es que necesitamos resolver las side letters para poder avanzar en la protección de nuestros intereses», sentenció la secretaria de Estado.
