El polémico caso de democracia Viva sigue sumando antecedentes que surge a raíz de tres millonarios convenios firmados entre el Minvu y la fundación.
Cabe recordar que la Seremi de Vivienda de Antofagasta entregó $426 millones a la organización, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Se dio a conocer además, que el exseremi Carlos Contreras -quien renunció tras conocerse el hecho- fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.
Lo anterior, alertó a la Fiscalía, lo que derivó en una investigación del órgano por los presuntos delitos de tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Este jueves, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la situación tributaria de Democracia Viva.
En ese sentido, se estableció que la fundación recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022.
Para esa fecha, ya se habían suscrito dos de los tres convenios con el Minvu.
Uno para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe ($200 millones) y otro para el mismo fin en el campamento Irarrázaval Etapa I ($170 millones).
