Con 24 votos a favor y 5 abstenciones, la Sala del Senado respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
La moción, que fue presentada por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana, tiene por objeto impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos, como los de consumo o hipotecarios.
Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar la idea fundamental de la iniciativa, senadores oficialistas mostraron sus aprensiones por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación también a “cualquier deuda” en materia de educación.
Al respecto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) manifestó que el texto “recoge un anhelo muy sentido (…) Creemos que este proyecto, que es muy simple, va en la línea de la reparación, muy en lo simbólico, porque estar en DICOM genera un estigma social”.
Por su parte, el senador Álvaro Elizalde (PS) coincidió con la propuesta, pero advirtió “que el tema de fondo es cómo avanzamos en la gratuidad y cómo garantizamos la educación como un derecho”. A su vez, el legislador manifestó que ha sido positivo el acceso a la educación, pero “lo negativo es el costo y el endeudamiento familiar”
.Por último, el senador Rodrigo Galilea (RN) justificó su abstención afirmando que si bien comprende el sentido del proyecto porque las deudas en educación requieren un tratamiento especial, pero la redacción de la frase final “abre una compuerta a cualquier deuda con fines educaciones y eso me parece una modificación relevante”.
El siguiente paso del proyecto es que la Comisión de Educación recibirá indicaciones hasta el lunes de 10 de junio.
