El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respondió a la acusación constitucional que se tramita en su contra en la Cámara de Diputados, y aseguró que no cumple con los requisitos para ser acogida.
A través de un escrito entregado a su abogado Francisco Cox, el secretario de Estado abordó los siete capítulos que contiene la acción interpuesta, misma que fue suscrita por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG) y que está siendo revisada en una comisión.
Uno de los puntos expone que no se han requerido otras herramientas para fiscalizar el actuar del ministro, como la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación.
«Ninguna de esas acciones han sido interpuestas en su contra, ni tampoco ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de violación a la Constitución que lo ameriten», sostuvo Cox.
Indicó que a Ávila se le estarían imputando aspectos fuera de su competencia, como la gestión de la Junaeb.
Según el abogado, «en el caso del Mineduc se establece expresamente con la ley que el órgano que ejerce la supervigilancia y la coordinación con organismos públicos con efectos en educación es la subsecretaría de Educación».
Sobre presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la Junaeb y las empresas a cargo de la alimentación, la defensa sostuvo que «se realizan en el marco de la Ley de Compras del Estado y que no existen cuestionamientos en Contraloría sobre la fórmula aplicada».
Educación sexual
Sobre presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual del ministerio «contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos», se mencionó que los apoderados deciden sobre el mismo al elegir dónde matricular, así como en la educación informal de la casa.
En ese contexto, se sostuvo que las jornadas de educación no sexista o las guías con orientaciones para la comunidad LGBTQA+ «son voluntarias».
A propósito del ausentismo y deserción escolar postpandemia, se señaló que descontando subvenciones y gratuidad universitaria, la cartera ha utilizado un 4,8% de su presupuesto para la reactivación educativa y sólo un 0,0057% a educación sexual integral.
Respecto de la posible exclusión de estudiantes con discapacidad de la «Política de Educación Inclusiva», Ávila enumeró actividades, acciones y leyes como la Ley TEA que estarían ayudando a que la discapacidad esté en la agenda del ministerio, además de subsidios focalizados para colegios con estudiantes que tengan necesidades educativas especiales.
En tanto, respecto del séptimo apartado que acusa graves negligencias y falta de ejecución en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), Ávila puntualizó que «es un problema que se arrastra hace años y que la Dirección de Educación Pública (DEP), de la cual dependen los SLEP, es un órgano desconcentrado, lo que rompe la relación jerárquica».
