Más de 500 páginas contiene el informe de la comisión investigadora SENAME II de la Cámara de Diputado que fue rechazado la tarde del martes y donde se acusaba a la ex ministra, Javiera Blanco, de negligencia inexcusable.
En el punto 5 se pide la “Elaboración urgente de instrucciones concretas dirigidas a los Jueces de Familia del país respecto a poner fin a las malas prácticas, y a actuar como en Derecho corresponde, haciendo plena aplicación de las normas sobre la Convención de Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades de Cuidado Alternativo de Niños, de modo de no comprometer con su actuar la responsabilidad constitucional de la Corte Suprema de Justicia ni la responsabilidad convencional internacional del Estado de Chile”.
En otro de los puntos dirigidos a la Secretaria General de la Presidencia se encontraba “Ocuparse de modo específico y urgente de atender los casos de graves vulneración de los niños y adolescentes cuyas situaciones fueron especialmente conocidas por esta Comisión, coordinando su actuar con el Ministerio de Justicia, de Salud y Desarrollo Social, para la pronta y efectiva atención y rehabilitación completa de las víctimas, y con la Corte Suprema de Justicia en procura del cese inmediato de las vulneraciones”.
Mientras que, dentro de las peticiones que se realizaban al ministerio de Justicia se encuentran “Desarrollar las acciones necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho en el desempeño de las funciones propias de su cartera, y que a propósito de esta cuestión no han sido realizadas hasta la fecha, en coordinación con la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y los Tribunales de Familia, competentes en cada caso”.
