Pese a que fue durante el mes de diciembre que el Gobierno llevó a cabo los indultos, la polémica hoy parece estar más vigente que nunca, y es que cada vez van surgiendo nuevos datos que a juicio de los diversos sectores políticos, ponen en duda la decisión presidencial.
Continúa la polémica en torno a los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines de diciembre, luego que se revelara que solo 3 de ellos habían tenido un informe favorable de Gendarmería.
Recordemos que previamente, habían salido a la luz los expedientes con evaluaciones negativas de seis de los siete casos que actualmente están siendo revisados por el Tribunal Constitucional (TC).
Por lo anterior, el TC solicitó lo mismos documentos de los seis restantes, más el último indulto pendiente que seguiría en tramitación.
Según El Mercurio, dentro de este segundo grupo está Cristian Cayupán Queipil, sobre quien el Tribunal de Conducta de Colina 1 advirtió un riesgo medio de reincidencia en abril de 2022.
Cayupán presentaría «dificultad para establecer un reconocimiento de sus conductas y de los factores de riesgos asociados a los hechos por los que fue condenado, su discurso difiere de los antecedentes presentados en sentencia, advirtiendo que su participación no se encuentra relacionada como fue expuesta en el proceso judicial, desestimado su responsabilidad respecto de la naturaleza y tipificación del delito».
En tanto, sobre Francisco Hernández Riquelme, el Tribunal de Conducta de Colina 1 recomendó no otorgar el beneficio en mayo pasado, a pesar de que en julio dejaría el penal para pasar a estar bajo libertad vigilada intensiva.
«Es posible concluir rasgos de personalidad de tipo antisocial… carente de empatía, deshonesta, irresponsable, impulsiva, falta de reconocimiento a las normas y convenciones sociales y escasa capacidad de planificar un proyecto vital», detallaron desde Gendarmería.
Un documento similiar se emitió sobre Matías Rojas Marambio, ya que el Tribunal de Conducta de Colina 1 instó a no indultarlo en vista de que «no logra dar cuenta de la transgresión a la ley, sin visualizar víctimas y aportar una reflexión crítica frente a los hechos delictuales que había cometido».
Por su parte, el organismo indicó sobre Juan Olguín Rivera que, pese a tener un nivel de reincidencia «bajo», contaba con «muy altas necesidades de intervención en el factor de actitud de orientación profesional, pues existe racionalización y justificación de la infracción de la ley, minimizando su responsabilidad en los hechos y sus consecuencias».
Diferente fue lo documentado respecto a Sebastián Montenegro Coo y Alejandro Carvajal Gutiérrez, quienes sí recibieron un informe positivo, al igual que el exfrentista Jorge Mateluna, parte del primer grupo.
